En una u otra forma, esa pregunta todavía domina el debate público sobre política social y económica en América Latina. Frustrados por el persistente desempleo y por la percepción de que las reformas no han mejorado las condiciones de vida de los más necesitados, desde muchos sectores se han criticado recientemente las reformas económicas que la mayoría de los gobiernos de la región aún lleva a cabo. En algunos países, los sindicatos han declarado huelgas y los partidos de oposición han organizado protestas callejeras en contra de las reformas.

Es apropiado preguntarse si la "cirugía mayor" de las reformas macro-económica han sido provechosas en vista del considerable dolor que han causado. Después de todo, las economías de la región no han vuelto aún a sus niveles previos a los años 80, pese a signos de que Argentina y México se han recuperado de la crisis del peso mexicano de 1995 y que la región como un todo continúa creciendo..

Además, nadie niega el hecho de que las reformas fueron seguidas por un difícil período de ajuste. Gobiernos federales y provinciales han despedido empleados y reducido programas para cumplir con metas presupuestarias más severas, y empresas privadas en muchos sectores también recortaron sus nóminas de personal para poder hacer frente a la competencia del exterior. Esa combinación de recuperación lenta y penoso ajuste a mercados liberalizados ha conducido, como es comprensible, a un sentimiento de "fatiga de reforma".

En vista del descontento podría esperarse que los partidos de oposición estén reclamando un total abandono de reformas económicas "neoliberales". Pero no es así. Por el contrario, los electorados han puesto en claro que valoran la baja inflación, la estabilidad y el gradual despertar económico que han seguido a las reformas y no quieren que esos logros sean desbaratados.

En realidad, un exámen cuidadoso de las causas más frecuentes de descontento muestra que los electorados quieren nuevos tipos de reformas, en nuevas áreas, más que una simple reversión de la liberalización financiera y comercial que ya ha tenido lugar.

Por ejemplo, a medida que se hace más evidente la magra calidad de las escuelas públicas de la región, la gente está exigiendo reformas radicales en los sistemas de educación. Ante repetidos casos de corrupción oficial, e impunidad criminal, la opinión pública demanda reestructurar sistemas judiciales y policiales.

El persistente espectro de quiebras bancarias y fraude financiero provoca demandas generalizadas de supervisión gubernamental más efectivas de esos sectores.

Según la edición 1997 del informe del BID "Progreso Económico y Social en América Latina", esas reformas de "segunda generación", que también deben incluir las leyes impositivas y laborales, son cruciales para ampliar los beneficios de reformas anteriores y aumentar el crecimiento. "El potencial no aprovechado de todas estas áreas de reforma ofrece margen para aumentar la tasa de crecimiento a largo plazo de la región por encima del 5 por ciento", dice Ricardo Hausmann, el economista jefe del BID, en la introducción del informe.

Quizás lo más significativo a corto plazo es el efecto que esas nuevas reformas pueden tener en la percepción pública--y en mantener la viabilidad política--de los programas de reformas existentes. La opinión pública sobre la legitimidad de las privatizaciones y otras reformas de mercado depende mayormente de cómo son administradas las ganancias obtenidas. Es eso lo que determinará si la década pasada valió el esfuerzo.

--Paul Constance