El gráfico al pie de esta nota ilustra uno de los indicadores más simples del grado de centralización en un país: el porcentaje del gasto público total efectuado por administraciones subnacionales. En promedio, en América Latina era sólo el 15 por ciento en 1995, comparado con el 35 por ciento en los países industrializados que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Hay excepciones: Brasil y Argentina han dado siempre más poder a las provincias, en parte porque el tamaño de sus territorios hizo extremadamente impráctica la centralización.

Durante la década pasada, el retorno de la democracia y del activismo cívico en toda la región ha desembocado en la elección de gobiernos provinciales y municipales que están demandando más control de los recursos que afectan a sus electores locales. Como resultado, la región muestra una lenta pero inconfundible tendencia hacia la descentralización.

Según un estudio efectuado por el BID, incluído en la edición 1997 de su informe Progreso Económico y Social en América Latina, entre 1995 y 1996 el porcentaje de gasto público controlado a nivel subnacional aumentó de alrededor de 34 por ciento a 50 por ciento en Argentina, de 33 por ciento a 40 por ciento en Colombia, de 3 por ciento a 10 por ciento en Perú y de 4 por ciento a 14 por ciento en Chile.

La descentralización afecta a algunos sectores más que a otros. Los gobiernos centrales han estado bastante dispuestos desde hace tiempo a ceder a las autoridades locales la recolección de basura, el mantenimiento de las calles y el transporte urbano. Ahora, hasta sectores como servicio de agua corriente, salud y educación están siendo gradualmente descentralizados. Pero los aeropuertos, las telecomunicaciones, los puertos y los ferrocarriles continúan mayormente en manos de la autoridad central.

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