Esa es la pregunta que el antropólogo Carlos César Perafán-Simmonds espera que se hagan los indígenas de Colombia al enfrentar la cuestión de qué hacer con los cultivos ilícitos en sus tierras. Porque aunque los cultivos de coca, marihuana y amapolas son muy lucrativos, también socavan los valores tradicionales y la forma de vida de las comunidades indígenas.

En un reciente seminario celebrado en la sede del BID, Perafán-Simmonds describió la forma en que la cultura tradicional indígena, su visión del mundo y la lucha por mantener su identidad, sugieren una estrategia para eliminar esos cultivos sin recurrir a medidas extremas o a costosos programas como la sustitución de cultivos o las compensaciones monetarias. Su presentación se basó en un estudio realizado en el marco de un proyecto financiado por el BID para apoyar a comunidades que han erradicado cultivos ilícitos en Colombia.

Se estima que 17 por ciento de los cultivos ilícitos en ese país se encuentran en reservas indígenas legalmente establecidas. Una porción mayor, pero no tan bien medida, crece en áreas indígenas que no han sido reconocidas legalmente.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Perú, el cultivo de hojas de coca (el ingrediente básico de la cocaína) no es parte de la herencia cultural de la mayoría de los indígenas de Colombia. En realidad, en muchas áreas, los cultivos ilícitos no son plantados por las comunidades indígenas sino por colonos que entran en sus territorios, alterando la economía y el sistema de autoridad política tradicionales.

En total se calcula que 41 por ciento de los 638.600 indígenas colombianos, o casi dos terceras partes de las comunidades indígenas, son afectadas en alguna medida por cultivos ilícitos.

Al formular programas de erradicación, dice Perafán-Simmonds, se debe comprender que los indígenas en muchos casos ven vínculos entre eventos en términos de un marco lógico metonímico, según el cual los acontecimientos actuales son asociados con hechos acaecidos en el pasado sin necesidad de una relación causal. Si se cambiaran los eventos previos, a los que el antropólogo denomina "nodos", se facilitaría mucho convencer a los nativos de erradicar los cultivos ilícitos. Su trabajo de campo descubrió algunos de esos nodos que tienen inferencia para la formulación de futuros proyectos. Uno fue la eliminación en 1990 de un programa de crédito blando para la producción de cultivos comerciales. Cuando terminó ese financiamiento barato, muchas comunidades habían acumulado deudas que no podían pagar, abriendo un espacio para que los traficantes de drogas ofrecieran financiar cultivos ilícitos. El proyecto propuesto apoyaría programas prioritarios para fortalecer las economías comunitarias tradicionales.

Otras iniciativas protegerían la integridad territorial de las tierras indígenas, mediante la demarcación y la defensa de límites, o mudando a los colonos a otras partes. Otro proyecto subsidiaría el transporte fluvial, porque las ganancias que dejan los cultivos comerciales son insuficientes para comprar motores y combustible.

Las nuevas actividades no necesitan igualar el producido del cultivo de drogas, en la medida en que los nuevos ingresos se destinen al ahorro y la inversión, específicamente con el propósito de desarrollar la economía e identidad de las comunidades indígenas en vez de contribuir a socavarla.