Por PAUL CONSTANCE

"Cada vez que ponemos al descubierto una maniobra de concertación de precios por parte de un grupo de empresas o una campaña de publicidad que no es limpia y transparente, recibimos quejas", dice. Además están los casos aún más delicados que involucran a funcionarios públicos. Como en el caso de la municipalidad de una provincia costera que cobraba ilegalmente por el acceso a una playa pública.

Boza dice que su oficina ha impuesto sanciones muchas veces a entidades de gobierno por actos contrarios a la libre competencia, sin sufrir represalias. La razón, explica, es su ascendrada independencia. "Ningún grupo de interés nos puede capturar", afirma.

A sólo cinco años de su creación para consolidar funciones regulatorias esparcidas por varios ministerios, Indecopi ha adquirido una reputación de imparcialidad que la hace popular. Según Boza, Indecopi recibe 40.000 quejas anuales formuladas por empresas y consumidores. Las denuncias van desde lo trivial, como una persona molesta porque un par de zapatos de cierta marca se deshizo al mojarse, hasta lo politícamente explosivo, como la alerta de que varias empresas de ómnibus se aprestaban a concertar sus tarifas con la aprobación tácita del Ministerio de Transportes. La resolución exitosa de cada caso depende de la medida en que los funcionarios de Indecopi son percibidos como imparciales e inmunes a presiones políticas y económicas.

En ese aspecto, el trabajo de Boza es similar al de centenares de otros funcionarios en países de América Latina que están otorgándoles a los entes reguladores independientes una creciente autoridad para mediar en los conflictos entre empresas, consumidores y gobiernos. Sea que supervisan la política de libre competencia, la protección ambiental, las normas sanitarias o las actividades de empresas públicas, bancos o mercados de valores, los reguladores son blanco de intensa gestión por parte de grupos que tienen mucho que ganar o perder con cómo se interprete la ley.

Los supervisores financieros, por ejemplo, son a menudo atacados por empresas que desean mayor acceso al crédito de bancos nacionales. Pero los inversores extranjeros y los bancos multilaterales de desarrollo generalmente esperan que los supervisores apliquen controles severos para que los bancos no asuman riesgos peligrosos o hagan préstamos cuestionables.

Los reguladores ambientales deben sopesar los intereses de las compañías madereras, que quieren permiso para talar bosques nativos, con los de grupos ecologistas, que piden ampliar las áreas protegidas. En el sector energético, los reguladores están en medio de una constante batalla entre consumidores que desean el precio más bajo posible para el gas natural y las empresas gasíferas que piden tarifas más altas para aumentar sus ganancias y financiar su expansión.

EL DESCONTENTO INDICA CALIDAD

Cuando se percibe que los reguladores favorecen a un sector sobre otro, a menudo se pone en tela de juicio la justicia misma de la economía de mercado, porque la ciudadanía cree que el juego económico está arreglado a favor de quienes tienen más influencia política y poder financiero. Debido a esto, quienes trabajan en regulación suelen considerar un sello de calidad cuando hay quejas de todos los sectores, porque es evidencia de que hay un equilibrio de los deseos de todas las partes. "Si todos están descontentos y todos protestan por mis decisiones, entonces considero que estoy haciendo un trabajo eficiente", dice Claude Besse, superintendente general del Sistema General para Regulación Sectorial de Bolivia (SIRE).

Simples como puedan parecer estos principios, es raro encontrar reguladores genuinamente independientes en muchos países latinoamericanos, particularmente en aquellos donde el poder ejecutivo tiene poderes discrecionales sobre la política económica. El padrinazgo político y la lealtad partidaria también pueden atentar contra la regulación independiente porque los gobiernos recién electos tienden a dar empleos con autoridad regulatoria como "recompensa" a amigos y militantes.

Aunque esos defectos hacen poca diferencia en economías dominadas por el estado, se convierten en verdaderos problemas en países donde está permitido que las fuerzas del mercado determinen los precios y la asignación de recursos. "Hasta hace poco, en muchos países la atención había estado puesta en atraer inversión extranjera", dice William Savedoff, un economista del BID que estudia la regulación en el sector agua corriente. "Ahora la atención se está volcando en cómo se arman entidades regulatorias creíblemente autónomas".

CONTROLES Y EQUILIBRIOS

El factor básico es la calidad de la legislación que crea un ente regulatorio y define sus poderes y responsabilidades. Si la legislación es preparada apresuradamente o por decreto, el ente regulador resultante tenderá a tener menos credibilidad que si la ley es concebida dentro del juego de demandas y concesiones implícito en el proceso legislativo. Si la legislación no delimita claramente las jurisdicciones que caben a los reguladores con las que corresponden a los ministerios y al sistema judicial, es probable que sus decisiones sean pasadas por alto por las partes interesadas, que apelarán a otras autoridades.

Asimismo, la legislación debe definir claramente la mecánica de designación de reguladores, las cualidades que deben tener, la duración de su mandato y la forma de financiar sus tareas. Según Besse, son factores cruciales. "Nuestra independencia política se debe al hecho de que el presidente debe elegir a cada regulador sectorial entre candidatos aprobados por dos tercios del Senado", explica. "Los reguladores prestan servicios por cinco o siete años, en períodos que no coinciden con elecciones, y no pueden ser removidos a menos que no cumplan sus funciones".

La autonomía financiera también es fundamental para mantener la independencia. El presupuesto de SIRESE, por ejemplo, está financiado por un pequeño gravámen a los ingresos de las empresas que regula. Alrededor de 70 por ciento de los ingresos de Indecopi son generados con multas aplicadas a empresas y un gravámen a las solicitudes de patentes y registro de marcas. Esas provisiones de autofinanciamiento aseguran que los presupuestos para operaciones de los entes reguladores no dependan de asignaciones anuales del Congreso, donde podrían exponerse a maniobras políticas.

Pero para ser efectivos, los entes reguladores también deben estar sujetos a reglas que limiten sus poderes. Además de circunscribir su jurisdicción mediante leyes, casi todos los países permiten que se apelen las decisiones de reguladores. Por lo general, las apelaciones no resueltas dentro del propio organismo regulatorio pasan al sistema judicial, donde un tribunal emite un dictamen independiente.

Para evitar conflictos de interés, muchos países restringen las actividades profesionales de los miembros de entes reguladores. Un funcionario que supervisa la banca, por ejemplo, debe tener vedadas actividades de asesoría para entidades financieras y no debe haber oportunidad de que sea tentado con ofertas de empleo de bancos que podrían aprovechar su experiencia y contactos. Para evitar tales abusos, en muchos países se imponen restricciones a los empleos que un regulador puede desempeñar durante e inmediatamente después de su período de servicio. En algunos casos se limita el número de años consecutivos que se puede ocupar un cargo regulatorio.

Pero en última instancia, la competencia e imparcialidad de los funcionarios depende de la vigilancia y el interés que ponga la sociedad. En las genuinas economías de mercado, como en partidos importantes de fútbol, ese celo está casi garantizado. "Cuando se tienen tres protagonistas diferentes (empresas, consumidores y gobierno) con diferentes agendas, deja de ser posible que un presidente designe a un amigo con tercer grado de educación como titular de un ente regulador", explica Savedoff. "Alguien se va a quejar".

--David Mangurian contribuyó a esta nota.