Por PAUL CONSTANCE

Pero en septiembre pasado cientos de funcionarios de gobierno, académicos y representantes de la sociedad civil de 90 países se reunieron en Lima, Perú, para debatir francamente un problema que definieron como una de las más apremiantes amenazas a la democracia en el mundo en desarrollo.

La conferencia "Estado y Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción" fue organizada por el gobierno peruano y Transparency International, una organización no gubernamental con sede en Berlin, con participación del BID.

Dificilmente podría haber sido más oportuna la iniciativa. En los últimos años, noticias sobre corrupción --definida generalmente como el aprovechamiento de un cargo público para obtener ganancia personal--han aparecido repetidamente en las primeras planas de todo el mundo. Acusaciones de contribuciones ilícitas a campañas electorales, fraude aduanero, manipulación de contratos gubernamentales y otros abusos semejantes son formuladas contra gobiernos de todos los continentes, en todo nivel de desarrollo.

¿Se ha desatado una epidemia de corrupción sin precedentes en el mundo? Probablemente no, opinan expertos en asuntos legales y de gobierno. En forma sorprendentemente constante, la corrupción ha estado siempre presente en la administración pública de todas las culturas. Lo que ha cambiado es que la sociedad ha tomado mucha más conciencia del problema y está mucho más determinada a reconocer los abusos y castigarlos.

Varios factores se han combinado para poner la corrupción bajo la lupa. En América Latina y el Caribe el desarrollo de la democracia despertó demandas de que los funcionarios públicos rindan cuenta de sus actos y redujo la tolerancia hacia la malversación. Además, el auge de inversión privada en países en desarrollo enfocó una atención sin precedentes en sus hábitos financieros y comerciales.

En Lima se puso de relieve que esos factores han coincidido con el creciente rechazo de la noción de que la corrupción es una secuela inevitable del desarrollo económico que no necesariamente interfiere con el crecimiento. Daniel Kaufmann, investigador de la Universidad de Harvard, presentó los resultados de una consulta a 150 hombres de negocios y funcionarios de 63 países en desarrollo y ex miembros del bloque comunista a quienes preguntó qué consideraban el mayor obstáculo al desarrollo económico de sus países. Todos apuntaron a la corrupción pública como la barrera número uno.

Gravamen a la sociedad

Esa conclusión fue anticipada por el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, en la Cumbre de las Américas, en 1994. En ese encuentro en Miami, Iglesias definió a la corrupción como "uno de los mayores males que acosan a la consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe". Iglesias sostuvo que si la inflación es un impuesto a los pobres, la corrupción es un gravamen a toda la sociedad. La corrupción impone costos económicos "distrayendo recursos para el desarrollo", costos políticos causando "descontento popular y el debilitamiento de regímenes democráticos" y costos sociales "desintegrando el tejido social, pervirtiendo la cultura y robusteciendo la ilegalidad y el padrinazgo".

El BID solventó la participación de 15 expertos en temas cívicos y legales de la región en la conferencia de Lima. Además, el Banco organizó tres mesas redondas y encargó la preparación de ponencias a especialistas latinoamericanos.

María Luisa Rains, jefa de la División Fiscal del BID, dirigió un panel sobre corrupción en la administración impositiva y presentó un trabajo sobre el tema. Jorge Claro de la Maza, jefe de la Oficina de Política y Coordinación de Adquisiciones del BID, dirigió un panel sobre disciplina de métodos de compras. Edmundo Jarquín, jefe de la División del Estado y Sociedad Civil del BID, ayudó a organizar un panel sobre el papel de la sociedad civil en combatir la corrupción en naciones en proceso de modernizar el sector público.

Además, el BID está proporcionando apoyo directo a esfuerzos contra la corrupción, dice J. James Spinner, el asesor legal adjunto del BID. Programas que financia el Banco para reformar la gestión financiera de los gobiernos, la recaudación de impuestos, las aduanas y el poder judicial están contribuyendo a reducir las oportunidades de corrupción en el sector público. Otros programas que solventa en las áreas de regulaciones, privatización y descentralización promueven transparencia y rendición de cuentas.

"El Banco está preparado para dar asistencia adicional a los países miembros que la soliciten", dijo Spinner. Por ejemplo, el BID está elaborando un programa de cooperación técnica regional que ofrecerá a reguladores financieros cursos de capacitación el lavado de dinero.