Portada | Contenido | Subscripción | Números anteriores   




Reformas, regulaciones y privatizaciones
¿Quién gana y quién pierde?



Cuando una empresa estatal es vendida a intereses privados, el resultado es generalmente una operación más eficiente, a un costo más adecuado. Pero ¿quién cosecha los beneficios? ¿Un pequeño grupo de accionistas o la sociedad en general? Todo depende del trabajo de los reguladores del gobierno, sostiene un estudio sobre el resultado de la privatización de servicios públicos en Argentina. El estudio del Banco Mundial, tema de un reciente seminario en la sede del BID, en Washington, D.C., evalúa el impacto de privatizar los sectores electricidad, gas, agua y telecomunicaciones en Argentina desde 1989. El trabajo lo llevaron a cabo Omar Chisari y Carlos Romero de la Universidad Argentina de la Empresa, junto con Antonio Estache, un especialista del Banco Mundial.

Analizando información de 1993 a 1995, los autores del estudio llegan a la conclusión de que las tasas de rendimiento por privatización de servicios públicos son extremadamente altas. Además, el trabajo muestra que el "precio oculto" por la actividad regulatoria correspondiente es también muy elevado. Esta función esencial de gobierno es a menudo pasada por alto en operaciones de privatización.

"La seriedad de los gobiernos en cuanto a una distribución justa de las ganancias de las reformas es revelada por la seriedad que evidencian en cuanto a regulación", sostiene.

Cuando los reguladores han sido efectivos, las ganancias en la operación claramente benefician a todos los sectores y a todas las clases económicas. Más aún, las clases menos pudientes tienden a ganar relativamente más que las clases más acomodadas y la distribución del ingreso mejora.

Cuando los reguladores no han sido efectivos en su labor, los dueños de capital en el sector de servicios públicos acaban obteniendo una porción desproporcionada de las ganancias generadas por la reforma. En el caso de las privatizaciones en Argentina, regulaciones inefectivas redujeron en mil millones de dólares las ganancias, lo que representa un impuesto implícito de 16 por ciento que el consumidor promedio pagó indirectamente a los propietarios del servicio público.

Al mismo tiempo, el estudio determinó que a la privatización de servicios públicos "no se le puede atribuir el aumento en el desempleo observado desde 1993". Por el contrario, la mayoría de las simulaciones muestran que una efectiva regulación puede conducir a una pequeña baja en el desempleo.

****Copias del estudio pueden solicitarse via e-mail a Antonio Estache: aestache@worldbank.org




PORTADA
ACERCA DEL BID | DEPARTAMENTOS | INVESTIGACION Y ESTADISTICAS | OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS | POLITICAS | PRENSA Y PUBLICACIONES | PROYECTOS |  SECTOR PRIVADO