por Víctor Hugo Cárdenas

El número de indígenas está aumentando y el territorio que ocupan se expande. Están convirtiéndose en protagonistas principales de las economías de sus naciones y en algunos casos de la economía internacional. Sus lenguas no sólo sobreviven, sino que adquieren renovado vigor.

Muchos países han hecho reformas constitucionales, legales e institucionales que dan nueva forma a la tradicional relación entre las comunidades indígenas y el estado. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, México y Paraguay, por ejemplo, reconocen ahora el carácter multicultural de los estados y la existencia de pueblos indígenas como entidades únicas con derechos específicos y distintas culturas y lenguajes. En varios países, los gobiernos nacionales están cediendo a las comunidades indígenas la potestad de manejar sus propios asuntos como también los recursos naturales de las áreas donde viven.

Además, las instituciones encargadas de las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas están siendo elevadas de rango, en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, al nivel ministerial. En Guatemala y Chile, fondos especiales o corporaciones ayudan a financiar proyectos de desarrollo para comunidades indígenas. En México, hay procuradurías para abogar por sus derechos y protegerlos.

En un país tras otro, las políticas indígenas gubernamentales tradicionales inspiradas en la asimilación y el paternalismo ceden paso a nuevos enfoques basados en la participación.

En la esfera internacional, una nueva normativa de normas y principios sustituye a las tendencias integracionistas que prevalecieron hasta los años 80. Algunos ejemplos son: un convenio de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio Constitutivo del Fondo Indígena ya vigentes (ver recuadro) y las Declaraciones de Derechos Indígenas ahora en preparación en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.

Varios organismos especializados de la ONU y la OEA están incorporando nuevos principios y normas de funcionamiento para asegurar que los pueblos indígenas sean consultados al tomar decisiones que les conciernan y que sus derechos culturales sean protegidos. Las comunidades indígenas beneficiarias de proyectos de desarrollo están participando ahora en su planeamiento e implementación.

Aunque estos cambios son alentadores, estamos todavía en una etapa muy incipiente. Ahora debemos ir más allá de los cambios legales e institucionales y transformar la cultura entera que impregna las políticas indígenas, incluyendo la actitud de las burocracias y elites nacionales.

Durante muchos años se consideró que el desarrollo y la preservación de la identidad étnica, social y cultural eran objetivos antagónicos: alcanzar lo primero inevitablemente significaba sacrificar lo segundo. Más aún, se argumentaba a menudo que las prácticas culturales de los indígenas (y de los pobres en general) son un obstáculo a su desarrollo. Como resultado, los programas convencionales para ayudar a los indígenas procuraron reemplazar su lenguaje, cultura y prácticas productivas y agrícolas. Los programas de desarrollo eran ejecutados de arriba para abajo, de afuera hacia adentro.

Pero estamos encontrando que hay una alternativa mejor: el desarrollo basado en la identidad propia de los pueblos indígenas. En esta perspectiva, el capital inicial para el desarrollo es la riqueza cultural y social de los pueblos nativos, potencializada por nuevos mecanismos y recursos.

Un buen ejemplo es el lenguaje. La pasada política educativa, que demandaba reemplazar la lengua materna del indígena por el español, significó el fracaso para muchos estudiantes y un considerable desgaste de recursos materiales y humanos. Ahora, la experiencia con educación bilingüe e intercultural ha mostrado que aprender español como una segunda lengua a partir del "capital lingüístico" original del estudiante, reduce costos y convierte a la educación en una inversión.

Actualmente, en casi todos los países con sustanciales poblaciones indígenas, las lenguas nativas están recibiendo reconocimiento y protección constitucional. En Bolivia, por ejemplo, un experimento en educación bilingüe e intercultural que se llevó a cabo los pasados seis años en 114 escuelas está siendo ampliado ahora a millares de escuelas.

Un segundo ejemplo es el reconocimiento de que los pueblos indígenas deben tener oportunidad de desarrollarse autónomamente. Aunque el término "autónomo" todavía provoca imágenes de separatismo en algunos sectores, lo que realmente significa es el derecho de una comunidad a decidir sus asuntos políticos y su propio desarrollo económico, social y cultural.

Ya están en marcha prometedores experimentos en gobierno descentralizado. En Bolivia, 35 por ciento de las municipalidades del país —unas 311 en total— están bajo control de comunidades indígenas. Los líderes locales fijan sus propias prioridades y administran sus recursos financieros a través de planes operativos anuales.

Un tercer ejemplo de cambio necesario en enfoque está en el área de recursos naturales y medio ambiente. Un reciente estudio de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica determinó que los proyectos exitosos tienen varias características en común:
-- Están basados en manejo de recursos y no en su explotación.
-- Combinan recursos locales y crédito externo, con un eventual objetivo de autonomía financiera.
-- Buscan equilibrio entre subsistencia familiar como objetivo cultural y producción de mercado como objetivo económico.
-- Dan a la comunidad la responsabilidad de todas las fases de un proyecto.

El desarrollo de los pueblos indígenas no puede separarse del desarrollo nacional. Nuestros pueblos comprenden que su propio desarrollo está ligado al de sus naciones y están preparados a trabajar en beneficio de ambos.
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El autor, vicepresidente de Bolivia, fue electo recientemente presidente del Fondo Indígena.

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Más información sobre el Fondo y actividades relacionadas del BID

Las contribuciones serán depositadas en fideicomiso en una cuenta administrada por el BID, que ayudó a financiar los primeros años de operación del fondo.

Bolivia, con US$5 millones; España, con US$5 millones; Chile, con US$5 millones; México, con US$2 millones; Francia, con US$2 millones y Guatemala, con US$1 millón, fueron los primeros en comprometer apoyo financiero, aunque hay otros países dispuestos a contribuir.

Para presidir el Fondo Indígena, los delegados a la asamblea eligieron al vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, quien ha tenido un rol decisivo en el fortalecimiento de los derechos de los indígenas.

El Fondo Indígena fue lanzado en 1992 en Madrid, durante la Segunda Reunión Cumbre Ibero-Americana, como catalizador de los esfuerzos de autodesarrollo de los pueblos nativos de América Latina y el Caribe. El acuerdo de creación reconoce a los indígenas como "poblaciones dentro de estados nacionales" con derechos inherentes en su condición de habitantes originales de sus países. Asimismo reconoce a los indígenas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos, instituciones y cultura y a definir sus propias prioridades de desarrollo.

Los recursos del fondo financiarán proyectos de desarrollo propuestos e implementados por las propias comunidades indígenas.