Por PAUL CONSTANCE

La corrupción en el sector público se ha convertido en un tema ineludible en el debate internacional en años recientes.

Los pobres suelen ser las mayores víctimas de la corrupción, dice la OEA (Foto: David Mangurian - BID)

Sin embargo, a pesar de tantas manifestaciones de preocupación, poco se sabe sobre las experiencias de gobiernos e instituciones que combaten con éxito ese flagelo. A fin de zanjar esa laguna, el BID organizó recientemente un seminario sobre transparencia y desarrollo que se concentró en casos concretos y en las mejores estrategias que emergen de la lucha contra la corrupción en varios países.

El seminario de tres días de duración, celebrado en mayo en la sede del BID en Washington, congregó a expertos de toda América Latina para discutir estrategias legales, institucionales y tecnológicas que aumenten la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Participaron en el evento funcionarios de los países miembros del Banco, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, académicos y ejecutivos del sector privado.

“La corrupción preocupa al BID porque vemos que socava la confianza en las instituciones públicas y en la democracia en general”, señaló en la oportunidad el presidente del BID, Enrique V. Iglesias.

El Banco está trabajando en un creciente número de áreas para combatir la corrupción, dijo Iglesias. El BID actualiza constantemente sus propias pautas en materia ética y exige métodos contables transparentes en los proyectos que financia. Asimismo, está financiando una variedad de reformas en las áreas de justicia, administración impositiva, aduanas e instituciones legislativas en diversos países de la región. Iglesias subrayó que la corrupción involucra no sólo a gobiernos sino también a individuos y a entidades del sector privado. Será necesaria, enfatizó, la cooperación de todos para diseñar posibles soluciones.

Iglesias elogió el papel de la Organización de los Estados Americanos en la formulación y promoción de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El secretario general de la OEA, César Gaviria, dijo durante el seminario que, junto al BID, su organización está trabajando con 12 países de la región para actualizar sus legislaciones de manera que puedan implementar la convención, que estipula la tipificación de maniobras corruptas como delitos en sus códigos penales y la cooperación internacional para hacer cumplir esas leyes. “La lucha contra la corrupción es una batalla por la justicia social”, afirmó Gaviria, “porque los pobres continúan siendo las mayores víctimas de la corrupción”.

Además de examinar el estado actual del acuerdo interamericano, los panelistas del seminario concentraron su atención en casos nacionales y regionales en el área de adquisiciones estatales, los procesos legislativos, el lavado de dinero, la gestión financiera y los “pactos de integridad”. Estos últimos son acuerdos suscritos entre instituciones oficiales, entidades cívicas y empresas privadas que prometen rechazar el soborno y apegarse a medidas específicas de transparencia durante la ejecución de proyectos o contratos para el sector público.

Rosa Inés Ospina, secretaria ejecutiva de Transparencia Internacional Colombia, describió como su entidad contribuyó a negociar 51 de esos pactos en su país. Aunque no garantizan que no habrá corrupción, los acuerdos crean un poderoso incentivo para la probidad entre los participantes y ayudan a dar publicidad a los aspectos financieros de las adquisiciones entre el público en general.

La opción on-line. En otro panel, representantes de México, Chile y Canadá describieron cómo sus gobiernos están usando la Internet para aumentar la transparencia en las compras y contratos estatales (Vea artículo "Mal Negocio" en este número). Antonio Schleske, jefe de política de compras en el gobierno federal de México, informó que más de 3,5 millones de personas han usado el servicio cibernético Compranet para adquirir pliegos de licitaciones públicas, verificar compras, examinar adjudicaciones y comparar precios.

Los funcionarios de Chile y Canadá explicaron que sus gobiernos optaron por delegar sus procesos de adquisicionesy contratos on-line en empresas privadas ofrecen esos servicios de intermediación sin costo alguno para el Estado.

La Internet ha surgido también como una herramienta efectiva en términos de costos para aumentar el acceso de la ciudadanía a los vericuetos del proceso legislativo. Regina Celiz Peres Borges, jefa de administración de información del Senado brasileño, detalló cómo su sistema de información legislativa on-line, INTERLEGIS, financiado parcialmente con un préstamo del BID por 25 millones de dólares, ha superado el aislamiento que existía entre las legislaturas municipales, provinciales y federal. Además de estimular la cooperación entre legisladores, el sistema permite al ciudadano común ponerse en contacto con sus representantes y tomar parte en el proceso legislativo.

Varios panelistas advirtieron que, por sí misma, la tecnología no aumenta la transparencia ni refuerza la confianza pública en el gobierno. Además de un mayor acceso público a la información, debe haber reformas en muchos frentes, incluyendo normas claras en materia de conflictos de interés, entes de contraloría más vigorosos y una modernización de las leyes que regulan las áreas de adquisiciones y contratos y las finanzas públicas.

* Copias de los trabajos presentados en la conferencia están disponibles en: www.iadb.org/leg/transparencia.asp.

Para obtener más información escriba a Rosina de Souza al email: rosinads@iadb.org.