Por NORA LUSTIG

La evidencia de la "década perdida" de los años ochenta indica que en América Latina los remezones económicos suelen tener un desmedido impacto en los más pobres. Aun cuando el efecto no resulta sesgado, los pobres no pueden soportar ni la más mínima erosión en su nivel de vida.

La crisis de la deuda externa de la década pasada condujo a un empeoramiento de la distribución del ingreso. Aún más inquietante para el futuro crecimiento económico y el empleo, también disminuyó el ritmo de mejora en los índicadores sociales, especialmente para los pobres y vulnerables. Los programas sociales cargaron el peso de los ajustes fiscales y las inversiones en el capital humano se volvieron aún más desiguales, exacerbando la ya creciente brecha entre ricos y pobres.

Los indicadores sociales en México y Argentina mostraron tendencias similares tras la crisis financiera de 1995. Datos preliminares de países golpeados el año pasado por desastres naturales muestran que los pobres y vulnerables han sido los más castigados.

Aunque los descalabros económicos y los desastres naturales son fenómenos recurrentes, la mayoría de los países de la región carece de los instrumentos necesarios para proteger a los pobres en tiempos de crisis. Los mecanismos formales de seguro siguen fuera del alcance de la mayoría de los sectores de bajos ingresos. Es más, los mecanismos informales, como depender de familiares y miembros de la comunidad, tienden a desbaratarse en casos de desastres naturales o de crisis que dejan a miles de personas sin trabajo.

Cuando los gobiernos toman medidas, suele ser muy poco y muy tarde. La estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales suelen anteponerse a la agenda social.

Ahora, en vísperas de que los ciudadanos en varios países se pronuncien en las urnas sobre el impacto de décadas de reformas estructurales y económicas, los políticos de la región se dan cuenta de que la posibilidad de mantener esas reformas depende de promover el desarrollo compartido. En unos pocos casos, esa noción se está comenzando a notar en esfuerzos más vigorosos para ayudar a los pobres a hacer frente al desempleo, a la caída de ingresos, la destrucción de infraestructura y la pérdida de tierras cultivables.

Los gobiernos han aprendido la dura lección de que la improvisación de políticas de protección social en tiempos de crisis tiende a producir soluciones costosas y desorganizadas que indignan a la ciudadanía. Los problemas sufridos inicialmente en Honduras y Nicaragua para socorrer a las víctimas del huracán Mitch son ejemplo de cuán necesarios son los mecanismos de protección social adecuados.

Entre los instrumentos indispensables en una agenda de protección social para América Latina se cuentan los programas de trabajo de emergencia, fondos de inversión social para brindar infraestructura y empleo a comunidades pobres, programas de microcrédito que contribuyan a compensar la pérdida de empleos y programas de becas para evitar que los padres saquen a sus niños de la escuela. Los gobiernos pueden usar esas políticas para mitigar el sufrimiento y salvaguardar el futuro de sus países.

La protección social no debe estar limitada a respuestas a corto plazo ante una crisis. Debe formar el núcleo de una estrategia a largo plazo para la reducción de la pobreza y la estabilidad económica en América Latina y el Caribe. Dada la creciente posibilidad de remecimientos económicos en un mundo cada día más globalizado, la escasez de recursos al alcance de las personas especialmente vulnerables y la amenaza que plantean al desarrollo sostenible una creciente pobreza y la desigualdad, no basta con enfrentar las crisis. Los gobiernos deben pasar de las tácticas de último minuto a estrategias de largo plazo para reducir riesgos.

Adoptando un enfoque sistemático para la protección social, los países de la región estarán convirtiendo los recientes reveses en oportunidades para construir una base social y económica más fuerte y equitativa.

-- La autora es jefa de la Unidad Asesora en Pobreza y Desigualdad
del BID.