Por PAUL CONSTANCE

Baird, un experto en prevención de inundaciones, estaba realizando un proyecto cinematográfico en Honduras en septiembre de 1973 cuando una inusual tormenta, el huracán Fifí, se abatió sobre la costa norte del país. El fenómeno desconcertó a los meteorólogos al detenerse sobre el territorio hondureño, donde descargó 65 centímetros de lluvia en sólo 24 horas, provocando crecidas y deslizamientos de tierra que mataron a unas 8.000 personas.

"Barrió con aldeas enteras", recuerda Baird, quien ahora trabaja para la Oficina de Servicios de Emergencia del estado de California. "El valle de Sula (el principal centro manufacturero de Honduras) se convirtió en un gigantesco lago". Baird trabajó como voluntario en las tareas de socorro de las víctimas del Fifí y luego obtuvo un contrato de la Organización de los Estados Americanos para documentar durante un año la respuesta al desastre y las tareas para reducir el riesgo de futuras catástrofes.

"Desde el vamos hubo un debate entre quienes podríamos llamar las avestruces, que pensaban que Fifí fue una aberración que nunca se repetiría, y quienes pensaban que probablemente volvería a ocurrir", comenta Baird. Casi un cuarto de siglo más tarde, el huracán Mitch demostró que los pesimistas tenían razón. Al igual que el Fifí, el Mitch se "estacionó" sobre Honduras. Pero esta vez cayó por lo menos el doble de lluvia, causando muchas más crecidas y deslizamientos de tierra y cobrando más víctimas.

Los paralelos entre ambos huracanes, separados por apenas una generación, son patente ejemplo del peligro que significa carecer de planes adecuados en casos de desastres naturales. Según Baird, después del Fifí, dentro y fuera de Honduras se sugirieron medidas de prevención que amortiguarían el impacto de una nueva tormenta de gran magnitud. La onu y otras organizaciones multilaterales financiaron varios proyectos piloto de mitigación de riesgos, entre ellos un programa que, a fin de evitar potenciales deslizamientos, ayudaba a los campesinos que cultivan tierras marginales a plantar árboles en las laderas escarpadas y a elegir cultivos que renovaran la fertilidad de sus exhaustas parcelas.

Sin embargo, según Baird, en el afán de replantar los cultivos para la exportación y reparar puentes y caminos, se prestó relativamente poca atención a las tareas de prevención. "Había un montón de proyectos, pero no había un programa coordinado", recuerda. "Porque los esfuerzos eran tan ad-hoc, no llegó a formularse una estrategia nacional de mitigación".

Como resultado, se volvieron a construir muchas viviendas en las mismas riberas que habían barrido los ríos desbordados. Muchos puentes fueron reconstruidos sin tomarse las precauciones estructurales necesarias para resistir otra gran crecida. Se siguió cultivando intensivamente muchas laderas que ya eran inestables debido a la deforestación. Aunque el Mitch hubiese sido de cualquier modo una tormenta sumamente destructiva, Baird y otros expertos en desastres creen que las pérdidas humanas y económicas habrían sido mucho menores de haberse tomado las medidas preventivas apropiadas.

Protección de inversiones. La defensa civil no es un lujo que sólo pueden costear los países industrializados. Carolyn Clarke, una especialista del BID que ha estudiado la prevención de desastres en países en vías de desarrollo, sostiene que "a fin de cuentas, no es más que pensar en la seguridad de las inversiones que se van a hacer durante la reconstrucción, antes de empezar las obras". La infraestructura que resultó dañada puede ser reconstruída en lugares de menor riesgo o donde estaba, pero siempre y cuando se tomen medidas más adecuadas de protección estructural.

Algunas de las medidas más efectivas están al alcance de casi cualquier presupuesto municipal. Según Baird, todo asentamiento centroamericano potencialmente anegadizo debería designar un edificio o un terreno alto como refugio. De ser necesario, los habitantes pueden construir simples plataformas o bermas de bajo costo, una técnica rudimentaria que ha salvado innumerables vidas en Bangladesh, un país frecuentemente azotado por marejadas y crecidas. "A veces todo lo que se necesita para sobrevivir es una elevación de uno o dos metros", dice Baird. En ese mismo sentido, Clarke afirma que las aldeas ribereñas deberían reservar sus tierras más próximas a los ríos para parques o huertos comunales y prohibir la construcción de viviendas en tales lugares.

Baird propone un sistema de radiodifusión de emergencia que pueda alertar a todas las comunidades. "Hay decenas de estaciones de radio en Honduras y prácticamente todo el mundo tiene una radio a transistores", apunta este especialista. "Debería ser posible desarrollar un procedimiento barato con la infraestructura existente para avisarles a los residentes cuando deben evacuar".

Dado que Mitch provocó más de un millón de damnificados directos, los gobiernos centroamericanos están bajo una tremenda presión para reubicarlos y evitar que vuelvan a construir viviendas en zonas riesgosas. Clarke sostiene que mediante subsidios gubernamentales para comprar tierras y materiales de construcción se podría ofrecer incentivos para mantener a la gente fuera de lugares potencialmente peligrosos.

Pero las comunidades locales generalmente carecen de conocimientos como para medir tales riesgos. Baird y Clarke creen que los gobiernos deben realizar esos estudios en cada localidad y ciudad en un esfuerzo nacional y coordinado, para que todas las inversiones de reconstrucción se hagan con los ojos puestos en reducir riesgos. "Si uno construye diques de contención sobre un río, va a afectar el volumen de agua durante una crecida en algún lugar río abajo", explica Clarke. "Es fundamental coordinar esfuerzos".

El grado de coordinación dependerá en gran medida de los gobiernos de la región y la comunidad donante internacional. Baird y Clarke dijeron estar satisfechos con los esfuerzos desplegados hasta ahora por los centroamericanos y encomiaron los planes para fortalecer los recursos de CEPREDENAC, el organismo que desde 1988 ha estado trabajando para coordinar entre Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá la planificación para casos de emergencia. "Honduras y gran parte de América Central seguirán estando expuestas a las inundaciones", dice Baird. "Depende de todos nosotros asegurar que el daño nunca vuelva a ser tan enorme".