Por NANCY BIRDSALL

Este es el problema de salud pública más serio de la región, y sólo puede ser resuelto con inversiones del orden de 10.000 millones de dólares anuales. Tal monto supera la suma de todos los préstamos otorgados por el BID en 30 años a unos 200 proyectos del sector agua y saneamiento.

¿Entonces, de dónde provendrá el dinero necesario? Quizás resulte obvio afirmar que en última instancia los consumidores deberán pagar por los servicios que usan, pero durante décadas los gobiernos han debido subsidiar a las empresas de agua potable porque sus bajas tarifas no se ajustaban por inflación y no podían cubrir sus costos.

Paradójicamente, los subsidios solían beneficiar más a quienes estaban en mejores condiciones de pagar: las industrias y los habitantes de zonas residenciales acomodadas. Una familia pudiente que conozco en una encantadora ciudad sudamericana jamás ha conseguido que las autoridades les envíen cuentas por los miles de litros de agua que han usado para llenar su piscina. Entretanto, en la misma ciudad, la gente pobre debe comprar agua de camiones tanque a 20 veces el precio del agua potable.

Conclusión: los consumidores deben recibir facturas por los servicios que usan y el precio que paguen debe cubrir los costos.

Por supuesto, los costos y las facturas deben ser lo más bajos posibles, y es aquí donde el sector privado puede ayudar. En algunas ciudades latinoamericanas, la gestión privada ya ha reducido casi a la mitad las pérdidas de agua por conexiones clandestinas o cañerías ineficientes. Las empresas privadas emplean entre tres y cuatro personas por cada 1.000 conexiones en comparación a 10 ó 15 empleados en las empresas públicas. Las firmas privadas han doblado los índices de cobranzas porque tienen incentivos para leer medidores y enviar facturas.

Desafortunadamente, la participación del sector privado puede desembocar en tarifas más altas para los consumidores y despidos para los empleados. Las firmas privadas pueden resistirse a invertir en vecindarios pobres. Pero esos problemas se pueden superar, por ejemplo, mediante contratos que exijan a los concesionarios proveer servicios en zonas de bajos ingresos.

Las propuestas para aumentar el costo de estos servicios y privatizar una responsabilidad tradicionalmente confiada al sector público puede desatar oposición política. Pero mejorar los servicios y brindar un acceso más equitativo a los mismos también puede generar un bien merecido rédito político.

-- La autora es vicepresidenta ejecutiva del BID