Por Paul Constance

Aún más sorprendente fue el tono franco pero cordial del encuentro. "Es un placer reunirnos con ustedes hoy", le manifestó el líder de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, Leroy Trotman, al presidente del BID, Enrique V. Iglesias. "Esto nunca hubiese podido ocurrir antes de 1992", agregó. "En aquel entonces había demasiadas sospechas mutuas".

Trotman se refería a una conferencia auspiciada ese año por el Banco, en la que unos 80 dirigentes sindicales de la región se reunieron con representantes del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Trotman comentó que la conferencia, dedicada a discutir el impacto social y laboral de las reformas económicas, por primera vez persuadió a muchos sindicalistas de que el BID está atento a sus inquietudes e ideas.

Otros participantes de la reunión celebrada este año coincidieron con la opinión de Trotman, entre ellos el presidente de la central sindical estadounidense AFL-CIO, John J. Sweeney; el presidente de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), Luis Anderson, y otros dirigentes gremiales de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela.

"Gran parte de la desconfianza que existía entre nosotros ha desaparecido", dijo Anderson. Sin embargo, aunque elogió la disposición del BID a hablar con los sindicalistas, Anderson afirmó que la mayoría de los gobiernos de la región se han rehusado a consultar a los sindicatos antes de adoptar el tipo de reformas económicas que respalda el BID.

Anderson sostuvo que esa falta de consultas es inexcusable, particularmente cuando se trata de cuestiones como integración regional y liberalización del comercio, porque los trabajadores son los primeros en sentir las consecuencias de esos cambios. "Nunca hemos debatido si estamos de acuerdo o no con la globalización de la economía y la integración porque sabemos que es una realidad", acotó. "Sabemos que se está creando mucha riqueza (gracias a la integración), pero al mismo tiempo vemos que la pobreza aumenta, que decrece el número de empleos y crece el sector informal. De manera que creemos que hay un problema en la distribución de los beneficios de esas reformas".

Anderson y otros dirigentes aseguraron que en general apoyan abrir las economías locales a más competencia foránea, pero advirtieron que los gobiernos que se queden de brazos cruzados ante la desigual distribución de la riqueza y excluyan a los sindicatos del debate sobre la apertura comercial se arriesgan a sufrir un revés en las urnas. Anderson afirmó que el reciente fracaso del presidente Bill Clinton en su intento de conseguir que el Congreso le renovara su facultad de negociar acuerdos comerciales por vía rápida fue "una victoria de la AFL-CIO" y un ejemplo de lo que podría ocurrir en América Latina si no se percibe que la integración económica beneficia a los trabajadores.

Un paso acertado, sugirió Anderson, sería que el BID promoviera la creación de un foro para consultas laborales como parte de las negociaciones para establecer un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Iglesias, por su parte, reconoció que las recientes reformas económicas han tenido costos para los trabajadores de la región. Y en muchos países, agregó, el problema del desempleo ha alcanzado nuevas dimensiones. Asimismo coincidió en que las relaciones entre sindicatos, gobiernos y empresas no han sido tan productivas como deberían ser.

Durante la reunión, los sindicalistas denostaron una tendencia a la que describieron como una falta generalizada de aplicación de reglas incluidas en diversas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos acuerdos, que han sido ratificados por la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, establecen una gama de derechos del trabajador como la libertad de organizar sindicatos y negociar colectivamente salarios y condiciones contractuales, o la protección contra el trabajo infantil y la discriminación entre hombres y mujeres.

Stan Gacek, director adjunto de la AFL-CIO para asuntos internacionales, dijo que la falta de protección laboral surge de la renuencia de la mayoría de los gobiernos a vincular los derechos sociales a la política de comercio exterior. Gacek sostuvo que esa actitud es difícil de justificar cuando derechos empresariales como la protección de la propiedad intelectual son explícitamente tenidos en cuenta y defendidos en los acuerdos comerciales.

Varios participantes exhortaron al BID a hallar maneras de contemplar la posición de los empleados públicos en proyectos que financia el Banco que afectan servicios estatales como la educación y la administración de justicia. Tim Beatty, representante regional en Estados Unidos de Public Service International, una organización mundial de sindicatos del sector público, sostuvo que muchos proyectos asumen que la única forma de mejorar un servicio es privatizarlo u ofrecerlo en concesión. "Los trabajadores estatales a menudo tienen ideas muy creativas en cuanto a mejorar la productividad y la calidad de los servicios en las empresas del estado, pero rara vez son consultados", aseguró.

Otros sindicalistas en la reunión admitieron que los gremios no siempre han acompañado las cambiantes demandas del mercado. "Reconocemos que el movimiento sindical no está adecuadamente preparado para manejarse con la nueva tecnología y la globalización", expresó la brasileña Nair Goulart, quien preside la Comisión de Mujeres de la ORIT. Los participantes elogiaron un programa del BID que le solventa los estudios universitarios en economía laboral a dirigentes sindicales, y solicitaron al Banco que considere auspiciar otros programas de capacitación en conducción sindical.

Gustavo Márquez, un especialista en cuestiones laborales de la Oficina del Economista Jefe del BID, señaló que los sindicalistas también necesitan comprender mejor las exigencias de los mercados laborales, que cada día se vuelven más especializados y competitivos y requieren trabajadores más flexibles para hacer frente a los cambiantes procedimientos de producción.

"Tenemos diferentes puntos de partida, diferente jerga y una historia diferente", afirmó la vicepresidenta ejecutiva del BID, Nancy Birdsall, al concluir la reunión. "Pero necesitamos más de estos encuentros porque está claro que también tenemos mucho en común. Nosotros apoyamos las negociaciones abiertas entre empresas y trabajadores. Apoyamos la protección social, el desarrollo de mejores marcos de previsión y mejores mecanismos de seguro de desempleo".