Argentina emprenderá un amplio programa para mejorar la eficiencia e independencia de su sistema nacional de justicia.

El programa, que ejecutará el Ministerio de Justicia con ayuda de un préstamo de US$10,5 millones del BID, ayudará a resolver problemas de vieja data que han causado una percepción pública muy negativa de la administración de justicia en el país. Recientes encuestas sobre la confianza que la sociedad deposita en ocho instituciones colocan a la justicia en sexto lugar, superando sólo a los partidos políticos y los sindicatos.

Algunos de los problemas son la lentitud en el procesamiento de casos, elevada congestión e insuficiente acceso público. Las causas incluyen cuerpos judiciales débiles, mecanismos procesales inefectivos y uso inadecuado de mecanismos alternativos.

El nuevo programa resultará en el establecimiento de un sistema nacional para registrar y seguir casos que será colocado en el Internet, un estudio sobre mejoras de mediación preprocesal, un aumento de 70 por ciento de defensores públicos y consejeros, una estrategia de prevención del delito en las cinco áreas urbanas con los índices más elevados de criminalidad, y una reducción en la demora de veredicto y sentencia de ocho meses a 30 días.

Se espera asimismo que el programa, mediante nuevos sistemas administrativos y de gestión, fortalezca las cortes provinciales y capacite a los funcionarios. Un sistema de información para penitenciarías mejorará el acceso de los reclusos al sistema legal.

En años recientes, el BID ha aumentado su apoyo a programas de reforma judicial. El año pasado, además del programa en Argentina, el Banco financió programas similares en República Dominicana, Ecuador y Panamá.