Por PAUL CONSTANCE

Los grandes proyectos de infraestructura evocan imágenes de energía bruta y materiales creados por el hombre dando nueva forma al mundo. Pero de todos los ingredientes necesarios para construir carreteras, represas, oleoductos o redes de transmisión eléctrica, el más esencial es intangible.

Eso es porque los proyectos de infraestructura, en particular los financiados por inversores privados, se levantan sobre bases de confianza. Confianza en que el gobierno cumplirá con los términos de sus contratos. Confianza en que la economía seguirá bien guiada para que se materialicen las proyecciones de futura demanda. Confianza en que no habrá cambios arbitrarios en regulaciones y leyes que afectan la rentabilidad de proyectos de infraestructura.

Hasta hace poco, ese tipo de confianza escaseaba en los países de América Latina y el Caribe. Por eso, eran pocos los inversores privados dispuestos a arriesgar fondos en proyectos que requieren años para recuperar costos y generar ganancias. Los proyectos de infraestructura tenían que ser financiados enteramente por los gobiernos, una limitación que frenaba el desarrollo y absorbía recursos que podrían haber sido usados para otras prioridades.

Pero hacia fines de los años ochenta, eso comenzó a cambiar, recuerda Antonio Vives, subgerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID. Muchos países estaban adoptando hacia entonces reformas financieras, regulatorias y comerciales que creaban un entorno más atractivo para inversiones a largo plazo del sector privado.

Las políticas de privatización ayudaron también. Telecomunicaciones y energía, dos sectores donde ocurrió la mayor ola de privatización, han atraído decenas de miles de millones de dólares de capital privado nacional e internacional. En medida mucho menor, transporte, agua corriente y alcantarillados, también se beneficiaron con la inversión privada. Vives calcula que ahora 15 por ciento de la inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe es financiada por el sector privado. Alrededor de 10 por ciento es aportado por bancos multilaterales de desarrollo y el resto todavía lo aportan los gobiernos de la región.

Aún intimida el problema de la confianza. Para superar las dudas de los inversores, en los últimos cinco años las empresas privadas han desarrollado innovadores arreglos de financiamiento que reparten el riesgo económico de un proyecto entre gobiernos, bancos, contratistas, inversores institucionales y bancos de desarrollo.

El BID apoya esfuerzos para orquestar esos paquetes de financiamiento de varias maneras. Primero, ayudando a los gobiernos a modernizar leyes, instituciones y entes regulatorios que afectan la inversión en infraestructura y el flujo de capital internacional. El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) ha estado a la vanguardia en ese propósito. La mayoría de los 32 proyectos de energía, transporte y agua que ha financiado en los últimos años han ayudado a los gobiernos a crear el marco legal y regulatorio necesario para privatizar u otorgar concesiones al sector privado. Las operaciones del Fomin incluyen privatización de aeropuertos en Jamaica, instalaciones para cruceros de turismo en el puerto de Bridgetown, Barbados y un programa para robustecer la Comisión Regulatoria de Energía de México.

El Banco también invierte directamente en proyectos privados de infraestructura. El Departamento del Sector Privado del BID identifica proyectos en los que el tamaño, la experiencia y la relación especial del BID con los gobiernos, además de su calificación crediticia AAA, pueden brindar una medida extra de confianza necesaria para atraer inversores privados. Hacia fines de 1997, el BID había aprobado financiamiento directo por un total de US$640 millones para 18 proyectos de energía, transporte, agua corriente y alcantarillado en nueve países con un costo total superior a US$4.000 millones. Además del proyecto de Aguaytía, ha habido proyectos viales en Argentina, Brasil y Uruguay y proyectos energéticos en Honduras, México y Colombia.

Al mismo tiempo, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) que es parte del Grupo BID, ha sido inversora pionera en proyectos de infraestructura en pequeña escala en toda la región. Desde 1989, la CII ha facilitado US$51,9 millones para 14 proyectos en las áreas de transporte, almacenamiento, agua potable, telecomunicaciones y energía. Una operación digna de destacar (US$3 millones en préstamo y una inversión de capital de US$1,4 millones) fue aprobada en 1992 para IMPSAT Argentina, una empresa que ofrecía redes de datos por vía satélite a firmas de Buenos Aires. El servicio fue tan exitoso que desde entonces IMPSAT se expandió a Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia.

La CII ha financiado también fondos privados de inversión que financian proyectos de infraestructura en América Latina. Contribuyó US$5 millones al Fondo Latinoamericano de Energía y Electricidad (FondElec), un fondo con US$50 millones de capital que es propiedad de seis empresas de electricidad de Estados Unidos. A fines del año pasado, la CII colocó otros US$5 millones en el Fondo de Crecimiento FondElec Essential Services, que planea invertir hasta US$100 millones en los próximos ocho años en proyectos en la región.

En una de las operaciones más innovadoras del BID en el sector infraestructura, no hubo transferencia de recursos. En abril de 1997, el Banco aprobó su primera garantía parcial de riesgo para inversores privados en una planta de tratamiento de aguas servidas en Bogotá. Para reducir los riesgos cambiarios y contractuales a largo plazo inherentes a la operación, el BID garantizó US$30 millones a los tenedores de bonos prioritarios del proyecto, que lleva a cabo la subsidiaria colombiana de la empresa francesa Lyonnaise des Eaux.

La operación fue la primera garantía otorgada por una institución financiera multilateral a financiamiento privado en América Latina. Fue también el primer proyecto del sector privado que aprobó el BID en que una colocación privada de valores fue usada como la principal fuente de financiamiento de deuda.

Según Vives, la mayor parte de la inversión privada en infraestructura en América Latina ha sido extranjera, especialmente de compañías de seguros y bancos. "Aunque bienvenidos, esos fondos son siempre bastante limitados", advirtió.

La mejor manera de superar la limitada oferta de capital foráneo, cree Vives, es mejorar los mercados propios de capital en la región y atraer inversores locales. Ese es el caso de Autopistas del Sol, S.A., un consorcio de empresas argentinas, españolas e italianas que tiene una concesión de 23 años para la operación de un camino crucial de acceso a Buenos Aires. El consorcio complementó US$133,3 millones de capital propio en el proyecto con US$356 millones en préstamos de bancos locales para construcción. El camino de 18 pistas, inaugurado en 1996, fue un éxito inmediato, reduciendo de 2,5 horas a 45 minutos el tiempo de viaje a la ciudad para unos 250.000 automovilistas. La confianza de los inversores en las perspectivas económicas de Argentina a largo plazo persuadió al consorcio a refinanciar su deuda en julio, emitiendo bonos en el mercado nacional y en Estados Unidos. Los bonos, por un total de US$380 millones, fueron calificados BB- por Standard & Poor's y fueron tomados por una combinación de inversores estadounidenses y fondos argentinos de pensión. Bajo los términos de la concesión, Autopistas del Sol hacia agosto de 1999 hará una oferta inicial de 30 por ciento de su capital, lo que permitirá a pequeños inversores tener participación en la compañía.

"Ese es el tipo de financiamiento creativo que atrae fondos locales a proyectos locales", dice Vives. "Esperamos ver mucho más de eso en el futuro".