Desastres no tan naturales

América Latina construye defensas frente a los desastres naturales

Por Charo Quesada

Una de las regiones del mundo más expuestas a las amenazas naturales es América Latina. Se calcula que cada año ocurre un promedio de 40 desastres importantes. En la última década, huracanes, terremotos y avalanchas de lodo, agua o lava han dejado un saldo de 45.000 muertos, 40 millones de damnificados y más de 20.000 millones de dólares en pérdidas.

Nadie puede detener la erupción de un volcán, el violento sacudir de un terremoto o el recorrido de un huracán. Sin embargo, existen pruebas claras de que es posible paliar sus catastróficas consecuencias y en muchos casos, minimizar su impacto en cuanto al número de víctimas y desplazados y el costo de daños al medio ambiente, a la infraestructura, cosechas y fuentes de trabajo de amplios sectores de la población.

Gestionar los riesgos. Cada vez que suena la alarma, los gobiernos afectados movilizan sus siempre insuficientes recursos y hacen un llamamiento a la comunidad internacional en busca de ayuda de emergencia y fondos para la reconstrucción. Se entierra a los muertos, se intenta aliviar la situación de los damnificados, se contabilizan las pérdidas y el ciclo vuelve a empezar: Reconstruir sobre lo ya reconstruido, una y otra vez.

“Todos los gobiernos de la región están involucrados en algún tipo de gestión de sus riesgos —correcta o incorrectamente, de una forma consciente o inconsciente,” afirma Caroline Clarke, especialista del BID en prevención de desastres y gestión de riesgos. “La decisión de tratar a los desastres naturales como un tema sólo de emergencia, como resultado de eventos inesperado —sin tratar la reducción de los riesgos como prioridad— constituye una política de desarrollo que tiene sus implicaciones en la sociedad y en la economía. Los desastres recientes nos recuerdan que esta estrategia tradicional de gestionar riesgos ya fracasó”, asegura.

El horror causado por los estragos del huracán Mitch en 1998 forzó un cambio de perspectiva. El BID, involucrado de lleno en la asistencia a la rehabilitación y reconstrucción de los cuatro países afectados (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua), se embarcó en un firme esfuerzo por abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad ante estos desastres y efectuar un cambio radical en las políticas nacionales hacia la prevención y mitigación del riesgo.

Según Clarke, vale de muy poco endeudarse para estar siempre reconstruyendo sin gozar de los beneficios de las inversiones en el desarrollo. “Cuando se observa la reorientación de una gran parte de la cartera del Banco en un país damnificado —programas de educación, salud, desarrollo urbanos— para reponer servicios que existían antes del desastre, se ve que el enfoque reactivo e insostenible,” asegura Clarke. “El Banco tiene ante sí el desafío de colocar la gestión del riesgo a la cabeza de su agenda de desarrollo. Está decidido a que los países adquieran una cultura de prevención y un compromiso para que ésta se convierta en práctica permanente”.

Clientes de un restaurante en La Paz se protegen de la incontenible corriente.

A finales de 1998, el BID modificó su política para situar la prevención de desastres a la par de la reconstrucción en sus operaciones. Durante su reunión anual del año 2000 se presentó el Plan de Acción en el que se incorporan los elementos necesarios para integrar la gestión del riesgo en las operaciones y acciones de la institución

Contra el desarrollo. El impacto de los desastres en el desempeño económico y en la pobreza —con efectos de largo plazo y cumulativos cada vez mayores— está perjudicando el desarrollo y crecimiento en la región. El costo de los desastres es una carga constante. En 1998 el Mitch se llevó un 16 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) de Centroamérica y un 81,6 por ciento del PIB de Honduras. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) pronosticaba un crecimiento del 4,3 por ciento del PIB en América Central entre 1999 y 2003. El Mitch rebajó esa proyección a un 3,6 por ciento.

No es extraño que los problemas que afectan el desarrollo de los países coincidan plenamente con las razones de su vulnerabilidad a los desastres: la urbanización rápida y desregulada tanto en el campo como en las ciudades; la persistencia de la pobreza; la degradación del medio ambiente; políticas públicas ineficientes y desacertadas inversiones en infraestructura.

Qué hacer. “Dentro de la responsabilidad pública, trabajar en prevención de desastres y gestión del riesgo es para muchos una idea nueva”, explica Clarke. Para romper el ciclo de vulnerabilidad, el Plan de Acción del BID propone adoptar una estrategia eficaz que requiere una serie de acciones.

Es crucial adoptar medidas que reduzcan el riesgo de vulnerabilidad dentro de los planes e inversiones de desarrollo de los países. Estas medidas comprenden una serie de actividades tales como ordenamiento territorial e incentivos para la ubicación de asentamientos humanos en zonas seguras; gestión ambiental y de recursos naturales; medidas de ingeniería que refuercen obras públicas vitales, como hospitales, escuelas, sistemas de agua, y red vial; capacitación de la población sobre la toma de medidas de prevención; y preparativos que permitan la identificación y coordinación de los servicios de atención de emergencias.

Por último, el sistema financiero de los países debe estar preparado para que tanto la economía como la nación puedan responder adecuadamente en caso de emergencia. Esta eventualidad requeriría la existencia de prudentes normas fiscales y de gasto a aplicar durante la crisis, con el objetivo de limitar los daños y manejar la crisis sin perjudicar una sólida posición fiscal, una firme política crediticia y adecuadas reservas internacionales. Es fundamental contar de antemano con los instrumentos financieros necesarios que permitan a la economía resistir las convulsiones propias de una catástrofe y financiar acciones específicas, tales como satisfacer la necesidad de liquidez a través de las reservas, la reestructuración de la deuda y el acceso a líneas contingentes de crédito. La transferencia ex-ante del riesgo de las pérdidas verdaderamente catastróficas a tomadores de riesgo, tales como los mercados de seguros, es otra medida preventiva que ayudaría a paliar el impacto de eventuales desastres.

El futuro. Clarke asegura que los países están en transición hacia la modernización de sus sistemas de gestión de riesgos. Algunos gobiernos están ampliando las responsabilidades a un mayor número de instituciones para dejar de tratar este problema exclusivamente desde el aspecto de emergencia. República Dominicana, por ejemplo, ha desarrollado una política nacional de gestión de riesgos y está efectuando inversiones importantes en la educación de la población y en la capacitación de organismos públicos y privados. Bajo el paraguas del Plan Puebla-Panamá, los países mesoamericanos intentan mejorar sus mercados de seguros con el objetivo de crear condiciones que permitan una mejor administración del riesgo en las catástrofes.

Hasta hace poco, la recurrencia de desastres naturales en América Latina y el Caribe se percibía como obra inevitable del destino, la maldición de una naturaleza desatada imposible de controlar y ante la cual sólo cabía resignación y dolor. Experiencias recientes han probado que esa teoría está pasada de moda y que una prevención adecuada puede romper el círculo vicioso de destrucción y reconstrucción. Los hechos demuestran que donde se han adoptado las medidas adecuadas la vulnerabilidad se ha reducido. Uno de los objetivos primordiales del BID es precisamente ayudar a crear una cultura de prevención. “Si la gente comprende que existe un remedio para estos males, lo pedirá”, concluye Clarke.

Publicado: Marzo 2002

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