3

INDICE DEL WORKING PLAN

WORKING PLAN *

PRESENTACION *

1. INFORMACIONES BASICAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR *

1.1. Situación de Tenencia de la Tierra, Concesiones de Uso Forestal y de Recursos Naturales *

1.1.1. Marco de procedimientos para la definición de derechos de propiedad agraria *

1.1.2. Pasos y procedimientos para sanear y titular una TCO ó Propiedad Agraria *

1.1.3. Proceso de Saneamiento y Titulación en el Area de Influencia del Proyecto *

1.1.4. Situación de Tenencia de Propietarios Agropecuarios y Colectivos No Indígenas *

1.1.5. Informaciones sobre Sistemas de Producción *

1.1.6. Situación del Sector Forestal en el AII del Proyecto *

1.1.7. Evaluación de Tendencias de Desarrollo y Conflictos de Uso del Territorio *

1.2. Situación de la Titulación de Tierras Indígenas (TCOs) *

1.2.1. TCOs en el Area del Proyecto *

1.2.2. Tierras de Comunidades Indígenas *

1.2.3. Saneamiento y Titulación de TCOs *

1.3. Situación de la Gestión de Areas Protegidas y Areas de Alto Valor Ecológico *

1.4. Población, Disponibilidad de Servicios Básicos de Infraestructura *

1.4.1. Población y Poblamiento en el Area de Influencia del Proyecto *

1.4.2. Municipios, Servicios Básicos e Infraestructura *

1.4.3. Municipios: capacidad y potencial de coordinación y desarrollo *

1.5. Proceso utilizado en Bolivia para conceder Licencia Ambiental a Proyectos Viales *

1.6. Organización Política y Social en las Entidades, Ciudades y Localidades de la Región *

2. ENFOQUE METODOLÓGICO *

2.1. Objetivos y Directivas Principales *

2.1.1. Objetivos de la Evaluación Ambiental y Revisión del EIA *

2.1.2. Evaluación Ambiental Estratégica y Revisión del EIA *

2.1.3. Principales Actividades y Orientaciones Metodológicas *

2.1.4. Conceptos Básicos *

2.2. Definición de las Areas de Influencia del Proyecto *

2.2.1. Area de Intervención *

2.2.2. Area de Influencia Directa (AID) *

2.2.3. Area de Influencia Indirecta (AII) *

2.3. Diagnóstico Ambiental de las Areas de Influencia del Proyecto *

2.4. Diagnóstico Ambiental del Area de Intervención (AI) *

2.4.1. Bases Cartográficas para el AI *

2.4.2. Reconocimiento de Campo del AI *

2.4.3. Diagnóstico del Medio Físico – Biótico del AI *

2.4.4. Diagnóstico del Medio Socioeconómico y Cultural del AI *

2.5. Diagnóstico Ambiental del Area de Influencia Directa (AID) *

2.5.1. Bases Cartográficas para el AID *

2.5.2. Diagnóstico del Medio Físico – Biótico del AID *

2.5.3. Diagnóstico del Medio Socioeconómico y Cultural del AID *

2.6. Diagnóstico Ambiental del Area de Influencia Indirecta (AII) *

2.6.1. Bases Cartográficas para el AII *

2.6.2. Diagnóstico del Medio Físico – Biótico del AII *

2.6.3. Diagnóstico del Medio Socioeconómico y Cultural del AII *

2.7. Análisis y Evaluación del Marco Legal e Institucional *

2.7.1. Evaluación del Impacto y Licenciamiento Ambiental de Obras Viales *

2.7.2. Propiedad de la Tierra – Titulación y Saneamiento / Titulación de Tierras Indígenas (TCOs) *

2.7.3. Uso y Ocupación del Suelo / Concesiones *

2.7.4. Manejo de Areas Protegidas *

2.8. Evaluación de Impactos en cada Fase del Proyecto *

2.8.1. Impactos de la Adquisición de Areas para Constitución del DDV *

2.8.2. Impactos de las Actividades de Construcción de la Carretera *

2.8.3. Impactos de la Operación de la Carretera *

2.8.4. Impactos del Desarrollo Inducido *

2.9. Programas de Mitigación y Compensación *

2.9.1. Programa de Reposición de Pérdidas y Rehabilitación de Población y Actividades Económicas Afectadas *

2.9.2. Programa de Investigación, Monitoreo y Rescate Arqueológico *

2.9.3. Plan Ambiental de Construcción *

2.9.4. Programa de Revegetación *

2.9.5. Programa de Corrección del Pasivo Ambiental *

2.9.6. Programa de Compensación Socioeconómica *

2.9.7. Programa de Interacción Comunitaria *

2.9.8. Programa de Gestión del Transporte de Cargas Peligrosas *

2.9.9. Sistema de Supervisión, Monitoreo y Gestión Ambiental *

2.10. Plan de Acción *

2.10.1. Programa de Titulación de Tierras *

2.10.2. Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) *

2.10.3. Programa de Manejo de Areas Protegidas *

2.10.4. Programa de Fortalecimiento Institucional *

2.10.5. Programa de Incentivos al Desarrollo Sostenible *

2.10.6. Programa de Desarrollo Comunitario *

2.10.7. Programa de Educación Ambiental *

2.10.8. Evaluación Económica / Apropiación de Beneficios *

2.10.9. Sistema de Gestión Institucional *

2.11. Evaluación de Alternativas para el Proyecto *

2.11.1. Evaluación de Alternativas Modales *

2.11.2. Evaluación Macro de Alternativas de Traza *

2.11.3. Evaluación de Alternativas de Etapas de Implantación *

2.11.4. Evaluación de Alternativas de Traza *

2.11.5. Evaluación de Alternativas de Diseño *

2.12. Interacción con el Diseño de Ingeniería *

2.12.1. Aspectos importantes para la Seguridad Vial *

2.12.2. Integración con el ambiente circundante *

2.12.3. Plan de Construcción *

2.13. Evaluación de la Sinergía del Proyecto con otros proyectos de infraestructura localizados en el

área de influencia del Proyecto *

2.14. Participación y Consulta Pública *

2.14.1. Los Actores Sociales Objeto de la Consulta *

2.14.2. Objetivos de la Consulta Pública *

2.14.3. Aspecto Propositivo e Integral de las Consultas *

2.14.4. Interiorización del Programa entre los Actores Sociales Consultados *

2.14.5. Propuesta Metodológica *

2.14.6. Etapas de la Metodología *

2.14.7. Descripción Detallada de la Metodología *

2.15. Interacción con las Autoridades Bolivianas *

2.16. Evaluación de los items que requieren revisión y/o complementación en el EIA existente *

2.16.1. Descripción del Proyecto *

2.16.2. Diagnóstico Ambiental *

2.16.3. Marco de Políticas, Legal e Institucional *

2.16.4. Análisis de Impactos *

2.16.5. Plan de Manejo Ambiental (EMP / PASA) *

3. ESCALAS DE TRABAJO Y DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS *

3.1. Escalas para el Diagnóstico del Area de Intervención *

3.2. Escalas para el Diagnóstico del Area de Influencia Directa (AID) *

3.3. Escalas para el Diagnóstico del Area de Influencia Indirecta (AII) *

3.4. Escalas para la Evaluación de los Impactos Directos *

3.5. Escalas para la Evaluación de los Impactos Indirectos *

3.6. Escalas para el Análisis de Alternativas para el Proyecto *

3.7. Escalas para la Preparación de los Programas Ambientales del PASA *

3.8. Escalas para la Preparación de los Programas del Plan de Acción *

Bibliogafía Utilizada: *

ANEXO – Metodologías para Trabajos de Campo *

ESTUDIO DE SUELOS *

BOTÁNICA *

COMPONENTE FAUNÍSTICO *

4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES *

WORKING PLAN

PRESENTACION

Este documento constituye el Working Plan o Plan de Trabajo, el primer Informe previsto en los Términos de Referencia del BID para la Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez.

El documento presenta:

Algunas informaciones básicas del Area de Influencia del Corredor, que sirven para fundamentar o ilustrar varios enfoques metodológicos más adelante propuestos, especialmente en términos de alcance espacial de los impactos, ordenamiento territorial, titulación de tierras, pueblos indígenas, áreas protegidas, programas socioeconómicos y consulta pública.

Las metodologías que serán utilizadas en el análisis de todos los temas relevantes de la Evaluación Ambiental Estratégica y de la Revisión / Complementación del EIA / PASA.

Las escalas de trabajo y de presentación de las informaciones.

Las fechas tentativas de los talleres de Consulta Pública.

Una programación detallada de actividades, representada en Diagramas de Gantt desarrollados en MS Project.

Varias actividades ya se iniciaron durante la preparación del Working Plan, inclusive la videografía del Derecho de Vía de la Carretera. El Consorcio preparó la programación adoptando como fecha de iniciación el Lunes 4 de Octubre de 1999, ocasión en que se procederá a una importante movilización del equipo profesional, comenzando inclusive trabajos de campo.

1. INFORMACIONES BASICAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR

Esta sección presenta informaciones a respecto de aspectos relevantes relacionados al Proyecto de la Carretera Santa Cruz – Puerto Suárez, particularmente las actuales condiciones ambientales y sociales en el Area de Influencia del Proyecto (ver Figura 1).

Caracterización de Ecosistemas y Unidades de Uso de la Tierra

El Area de Influencia de la Carretera es básicamente la Chiquitanía, que cuenta con cuatro ecosistemas distintos: el Gran Chaco, el Bosque Seco Chiquitano, las Sabanas del Cerrado, y el Gran Pantanal / Tierras Húmedas. Cada uno de estos ecosistemas cuenta con varios diferentes hábitats y en cada uno de ellos existen diferentes usos de suelos (ver tabla abajo). La Carretera cruza hábitats que pertenecen a estas formaciones biogeográficas. Estos hábitats se pueden identificar mediante un estudio utilizando imágenes satelitales, que luego se verificarán mediante sobrevuelos y trabajo de campo.

Ecoregiones - Unidades de Uso de Suelos y Hábitats de la Chiquitanía (Ver Figura 2)

Gran Chaco Bosque bajo de suelos bien drenados Bosque bajo de suelos pobremente drenados Tierras agrícolas Praderas cultivadas	Bosque Seco Chiquitano Bosque alto de suelos bien drenados Bosque bajo de suelos bien drenados Bosques ribereños e inundados Bosques secundarios antropogénicos Afloramiento rocoso Tierras agrícolas Praderas cultivadas
Sabanas del Cerrado Pampas abiertas Pampas arboladas Matorrales Islas del bosque & bosques de galería Praderas cultivadas	Gran Pantanal y Tierras Húmedas Lagunas Curichales Palmares de Copernicia Sabanas inundadas Areas intervenidas

La perspectiva adoptada es la evaluación integrada de la situación actual y de los procesos que definen las relaciones de propiedad, uso y control del conjunto del espacio físico y sus recursos naturales por parte de los distintos actores sociales, económicos e institucionales en el Area de Influencia del Proyecto.

A continuación se presenta un cuadro ilustrativo de la distribución de propiedad, uso y control del espacio físico en el Area de Influencia. Son datos preliminares que serán confirmados, corregidos y completados durante el desarrollo del trabajo de la EAE.

Como se aprecia en el cuadro, del total de aprox. de 21 millones ha de superficie total "distribuida" en el Area de Influencia, los propietarios privados de la tierra tienen en conjunto más de 8 millones de ha, las TCOs y tierras de comunidades indígenas ocupan 5,4 millones ha, las Areas Protegidas 6,3 millones ha, y las concesiones forestales 1,2 millones ha. En esta aproximación, están pendientes demandas de propiedades agropecuarias aún no tramitadas y registradas en INRA, las áreas en concesiones mineras, de hidrocarburos, vías de transporte, centros poblados, cuerpos de agua y formaciones no adjudicables (serranías y afloraciones rocosas). Aún así, sábese que existe un importante nivel de superposición de algún tipo entre los derechos de propiedad, uso y/o control, de los diferentes actores descritos en el cuadro.

Distribución de derechos de propiedad, uso y control espacial en el Area de Influencia del Proyecto

Concepto espacial	ha
Propietarios Privados Agrícolas y Ganaderos (1) (en proceso de verificación en INRA y no son todos los demandantes aún)	8.170.000
Pueblos Indígenas, TCOs y Comunidades (2). Incluye area en Inmovilización preventiva	5.378.000
Areas Protegidas (3)	6.341.000
Concesiones Forestales (4)	1.247.000
Superficie Total "Distribuida"	21.136.000

Obs.: No se evaluaron aquí áreas en sectores urbanos, viales, hidrocarburos, minería, cuerpos de agua etc., ni tampoco áreas baldías, que no tienen dueño y no están inscritas en INRA.

Fuente: elaboración propia, en base a las siguientes fuentes:

INRA departamental; Agosto 1999.

CPTI-CIDOB, PDPI, CABI

SERNAP, MUSEO

Superintendencia Forestal

A esto se suman las interrelaciones entre competencias de las instancias con jurisdicción y poder de gestión de territorios, tales como los gobiernos municipales y entidades a cargo de la gestión de TCOs y Areas Protegidas.

Durante la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el Consorcio propone construir escenarios y propuestas con tecnologías de GIS y bases de datos que sustenten la evaluación integrada de los procesos de propiedad, uso y control del territorio en el Area de Influencia.

1.1. Situación de Tenencia de la Tierra, Concesiones de Uso Forestal y de Recursos Naturales

La situación actual de tenencia de tierra y concesiones de aprovechamiento forestal presenta las siguientes características:

Existe un problema crítico de concentración a escala de grandes propiedades agropecuarias, procesos crecientes de especulación de tierras que, sumados a las concesiones forestales, mineras e de hidrocarburos, definen los derechos de propiedad, control y aprovechamiento de la mayoria, de los mejores y más aptos recursos naturales renovables y no renovables del AII.

Por hoy, sin embargo, parece existir un contrabalance importante y de magnitud espacial suficiente en la suma de áreas protegidas y TCOs como base potencial para sustentar opciones de conservación y desarrollo sostenible.

Existen también iniciativas, como en el caso de los Programas de Saneamiento y Titulación de Tierras en el marco del Gasoducto Bolivia Brasil que, en convenios con INRA y apoyo de Municipios, sociedad civil, organizaciones, pueden contribuir a una correcta implementación del proceso de dotación y adjudicación de propiedad sobre la tierra, con objetivos de racionalizar el Saneamiento y Titulación y permitir la reversión de un inmenso stock de "tierras de engorde" (monte/bosque) que pueden ser reorientadas a sistemas sostenibles agrícola-ganadero-forestal.

La necesidad de puesta en vigencia y perfeccionamiento de los marcos normativos e institucionales que proveen las Ley INRA, Ley Forestal, Ley Medio de Ambiente y Reglamento.

1.1.1. Marco de procedimientos para la definición de derechos de propiedad agraria

Base legal: Ley 1715 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, más conocida por Ley INRA), de 18 de octubre de 1996 y Reglamento.

Los procedimientos para acceder a la propiedad agraria, en el marco de la Ley 1715, son la Dotación (propiedades colectivas) y Adjudicación (propiedades privadas). Todos los que accedieron al derecho propietario y obtuvieron Títulos Ejecutoriales, como los que se encontraban en trámite bajo la Ley de Reforma Agraria, deberán concluirlos, previa ejecución del proceso de Saneamiento establecido en la Ley 1715 y su Decreto Reglamentario.

Los procedimientos para acceder a la propiedad de tierras y derechos de uso normados sobre recursos naturales renovables son los siguientes:

a) Propietarios individuales y colectivos que cuentan con procesos agrarios concluidos (titulados), tramitados en DOTACION ante el ex-Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y en ADJUDICACION ante el ex-Instituto Nacional de Colonización (INC): necesitan solo ser regularizados y perfeccionados bajo las normas técnicas y administrativas en actual vigencia (Ley 1715 y Reglamento).

b) Procesos agrarios tramitados ante el ex-Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), con beneficiarios individuales y colectivos, no concluidos (no titulados): necesitan ser titulados bajo las normas técnicas y administrativas en actual vigencia (Ley 1715 y Reglamento).

c) Poseedores agrarios, individuales y colectivos, nuevos, en el sentido de no haber iniciado trámite previo: podrán acceder al derecho propietario bajo las prescripciones establecidas por la Ley 1715.

d) Demandas territoriales planteadas por los Pueblos Indígenas: deberán titularse en DOTACION bajo la forma de propiedad colectiva de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), previa ejecución del SAN-TCO (Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen), ejecución del procedimiento de Necesidades Espaciales, que por el Reglamento de la Ley 1715 deberá realizarlo el Vice Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO) y Certificación de la Capacidad de Uso Mayor de la Tierra a ser extendida por la Superintendencia Agraria.

1.1.2. Pasos y procedimientos para sanear y titular una TCO ó Propiedad Agraria

Paso 0. Demanda presentada y Aceptación de la Demanda por el INRA

Paso1. Identificación en Gabinete - INRA (Inicio del Saneamiento)

Evaluación y clasificación de expedientes, mapas, planos, títulos u otros documentos en oficinas INRA.

Paso 2. Campaña Pública

Información, vía campaña pública: radios, prensa, TV a los interesados, acerca de beneficios y plazos del Saneamiento.

Paso 3. Pericias de Campo

Acciones para determinar con exactitud la localización geográfica, superficie, límites de cada propiedad o comunidad. Determinar el FES - Función Económica y Social de la propiedad.

Paso 4. Informe circunstanciado de campo

El informe completo que resulta del paso 4.

Paso 5. Evaluación Técnica y Jurídica

Comparación y verificación de toda la información y cumplimiento de los pasos anteriores

Paso 6. Resoluciones Administrativas

El Director Nacional del INRA emite resoluciones administrativas que pueden ratificar, confirmar, modificar y/o anular las demandas de propiedad.

Paso 7. Exposición Pública de Resultados

Presentación a los interesados de las resoluciones y evaluaciones técnicas y jurídicas, permitiendo un plazo para reclamos sustanciados.

Paso 8. Subsanación de errores u omisiones

Según los reclamos sustanciados, si legales y legítimos y aceptados, se procede en campo y gabinete a la corrección de los errores.

Paso 9. Declaración de Area Saneada

Informe de conclusiones y resolución de titulación. Determina superficie, propiedades, población etc.

Paso 10. Emisión y firma de los títulos por el Presidente de la República.

1.1.3. Proceso de Saneamiento y Titulación en el Area de Influencia del Proyecto

Situación de INRA Departamental

Desde la promulgación de la Ley INRA y su reglamento, en 1997, INRA Departamental de Santa Cruz ha iniciado un lento y complicado proceso de saneamiento y titulación de la propiedad de la tierra. Desde el año 1997 la Dirección Departamental del INRA acusó recepción 1.639 solicitudes de Saneamiento Simple, de las cuales sólo 9 cuentan con evaluación técnica y jurídica remitidas a la Dirección Nacional del INRA, con una superficie total de 6.887 ha.

A pesar de la enorme importancia de establecer un marco seguro y equilibrado de propiedad de la tierra y sus recursos, en cumplimiento de la política nacional en la materia, que cuenta con apoyo del Banco Mundial, los avances no son significativos y se desarrollan en medio de permanentes conflictos de intereses, denuncias de malos manejos y especulación.

1.1.4. Situación de Tenencia de Propietarios Agropecuarios y Colectivos No Indígenas

Descripción de estado de trabajos de Saneamiento Simple y SAN-CAT en curso

Provincia / Sección	Propietarios Titulados		Propietarios en Trámite		Total Propietarios
	N^o	ha	N^o	ha	N^o	ha
Ñuflo de Chavez Concepción San Javier	90 118	350.000 175.000	180 53	425.000 220.000	270 171	775.000 395.000
Chiquitos Pailón San José + Roboré						600.000 2.500.000
Velasco						2.000.000
Busch						400.000
Sandoval San Matías						1.500.000
Total					3.268*	8.171.000

* El número de propietarios privados en el Area de Influencia se estimó en base al promedio de 2.500 ha por propiedad.

Fuente: INRA departamental Santa Cruz.

Los promedios de aprox 2.500 ha por propiedad son equivalentes a los presentados en el EIA de la Carretera, en la encuesta sobre 166 unidades agropecuarias en el Area de Influencia Directa, entre Pailón y Puerto Suárez. Pero ese promedio, que es en si mismo un indicador de concentración, esconde un perfil muy alto de concentración de propiedad en pocas manos, como lo muestra el cuadro siguiente.

Distribución de Propiedad por Tamaño de Propiedad / Rangos

Tamaño de propiedades	Porcentaje de propietarios
50 a 100 ha	1%
101 a 500 ha	2%
501 a 1.000 ha	2%
1.001 a 5.000 ha	41%
5.001 a 10.000 ha	30%
10.000 a 20.000 ha	11%
Mas de 20.000 ha	12%

Como se puede ver, 5% de los propietarios tienen entre 50 y 1.000 ha; 41% tienen entre 1.001 y 5.000 ha (son los que están en el promedio); otro 41% tiene entre 10.000 y 20.000 ha y 12% tiene más de 20.000 ha. Esta tendencia de concentración es relativamente mayor aún en Sandoval y similar a las de Velasco y G. Busch.

Estructura y composición interna promedio de las Unidades Agropecuarias (encuesta anterior, EIA)

Unidad	%	ha
Monte/Bosques	75,4%	283,487
Cultivos anuales	20,0%	75,195	(incluye área de Pailón)
Superficie cultivable	2,5%	9,512
Pastos Cultivados	1,5%	5,489
Barbechos y descanso	0,9%	3,346
Cultivos permanentes	0,5%	1,879

Aún en las unidades de mayor dinámica económica, cercanas a la carretera, ferrocarril y poblados, en promedio más del 70% del área de la propiedad son áreas de bosque y monte (lotes de engorde), sobre todo en las propiedades de más de 10.000 ha que son el 53% de las 166 unidades agropecuarias encuestadas. Esta tendencia alimentaría la posibilidad de coordinar con INRA posibles políticas de racionalización y redimensionamiento de las propiedades, crear un fondo de tierras para comunidades, pequeños y medianos productores, y apoyar estrategias alternativas de desarrollo sostenible. Para eso sería necesario un marco interinstitucional INRA, Forestal y Medio Ambiente, para clasificar las distintas unidades de uso y conservación que resultaren.

1.1.5. Informaciones sobre Sistemas de Producción

Los trabajos EIA Carretera, EIA Gasoducto a Cuiabá, EIA Gasoducto Bolivia Brasil, Plan Micrroregional, Plan Estratégico de los Municipios, entre otros, concentran casi todo su esfuerzo en la parte más descriptiva, a pesar de no existir en muchos casos densidad suficiente de información.

Así, todos ellos concluyen que el área de influencia es predominatemente ganadera, y secundariamente agrícola en casi toda la región. Las excepciones son Pailón y San Julián, que son predominantemente agrícolas; Puerto Suárez y Puerto Quijarro, con alta incidencia de actividades comerciales, y Santa Cruz – Cotoca – Area Integrada, predominantemente agroindustriales.

Para la EAE se pretende un enfoque más analítico y prospectivo. El relevamiento de campo estará orientado a completar información referente a los sistemas productivos y de uso de recursos naturales adoptados por los actores socioeconómicos existentes en el área. El objetivo es identificar umbrales de vulnerabilidad y potencialidades ante el desarrollo inducido por el Proyecto, así como preveer escenarios y líneas alternativas para estos sectores.

Se pretende identificar oportunidades de desarrollo sostenible con nivel de rentabilidad, a ejemplo de modelos integrados de gestión ganadera-forestal como el que proponen Preston Pattie y Frank Merry; Bolfor 1999.

Esta evaluación es necesaria para identificar riesgos y oportunidades ante impactos indirectos y sinérgicos; abarcando desde el sistema de producción agroindustrial e intensivo (soya) hasta sistemas tradicionales chiquitanos y ayoreodes, pasando por el sistema mennonita, sistemas de ganadería extensiva y sistemas mixtos.

1.1.6. Situación del Sector Forestal en el AII del Proyecto

Concesiones Forestales en el AII

En el marco de la nueva y actual Ley Forestal y su reglamento, la Superintendencia Forestal ha otorgado 15 concesiones forestales en el AII, con una superficie total de aprox 1,2 millones ha, por un período de 40 años prorrogables posteriormente por ciclos quinquenales. Todas fueron emitidas el 31 de julio de 1997.

Lista de Concesiones:

Resolución	Concesionario	ha	Provincia
080/97	Sociedad Aserradero Marabol SRL	69.545	Velasco
031/97	Compañía Industrial Maderera Ltda.-CIMAL Ltda.	48.494	Velasco
037/97	Sociedad Comercial Romano Ltda. Import-Export.	40.800	Velasco
074/97	Sociedad Laminadora San Miguel Ltda.	99.098	Velasco
077/97	Aserradero Surutú	111.731	Velasco y Chiquitos
088/97	Aserradero Pontons	57.727	Angel Sandoval y Chiquitos
022/97	Mabonal S.R.L.	50.005	Chiquitos
086/97	Aserradero Nogal BARROS Ltda.	50.000	Chiquitos
039/97	Mako Ltda.	50.000	Angel Sandoval
059/97	Complejo Industrial Maderero San José Ltda.	60.000	Angel Sandoval
036/97	Compañia Industrial Maderera Ltda.-CIMAL Ltda.	372.130	Angel Sandoval
061/97	Sociedad Industrial Maderera Sutó Ltda.	100.002	Germán Busch
040/97	Los Primos Ltda.	50.181	Germán Busch
073/97	Agroindustrial Maderera Bolivian Roble S.R.L.	45.615	Germán Busch
085/97	Maderera Agroindustrial DON CHICHO S.R.L.	10.000	Germán Busch
Total		1.215.328	Area de Influencia

Fuente: Superintendencia Forestal.

Situación actual de las Concesiones

Las concesiones en el AII fueron otorgadas en Julio del 1997, hace poco más de dos años. Las áreas con actividades de aprovechamiento forestal permanente son Velasco y zonas de German Busch y Chiquitos más cercanas a centros poblados e infraestructura caminera. Mientras tanto, las concesiones en las áreas de Chiquitos y Sandoval, en torno al núcleo del bosque Chiquitano, han tenido muy baja o ninguna actividad extractiva. A raíz de las últimas intervenciones y grandes inversiones, como los gasoductos y previsión de la carretera, se aprecian signos de redinamización del sector forestal y sus implicaciones sociales y económicas. Adicionalmente, existen zonas de superposición entre concesiones forestales y el área protegida de San Matías. Es importante completar la evaluación de esta situación del sector forestal y sus tendencias, en función de su sinergía con el Proyecto.

Evidentemente, cualquier alternativa de gestión institucional ambiental y social de carácter regional para el AII deberá contar con la participación efectiva del sector empresarial forestal, de la superintendencia forestal y de los Municipios del área, en teoría receptores de regalías por concepto de patentes forestales.

1.1.7. Evaluación de Tendencias de Desarrollo y Conflictos de Uso del Territorio

El crecimiento económico de Santa Cruz y su integración regional está provocando un cambio rápido del uso de la tierra en el Departamento. Este cambio es tan rápido que el gobierno no ha logrado efectuar un monitoreo actualizado, ni controlarlo con alguna medida efectiva. Por ejemplo, un estudio no publicado de uso de la tierra realizado por el Programa Landsat Pathfinder de la NASA con la colaboración del Museo Noel Kempff estima que la tasa de deforestación en Bolivia entre 1986 y 1996 fue de más de 1.400 km²por año, casi el doble de la cifra reportada por el gobierno de Bolivia para el período 1985 – 1990 (Pacheco 1996). Más de la mitad de la deforestación está ocurriendo en Santa Cruz, donde la tasa de deforestación anual en la zona de Expansión Agrícola (a veces conocida como las Tierras Bajas del Este) llegó a 1.325 km² por año en 1996, una cifra solamente superada en Rondônia (Brasil) durante la época de su colonización en la década de los 80s.

A pesar del gobierno, apoyado por el sector financiero internacional, haber preparado recomendaciones sobre el uso del suelo (PLUS, 1996), la conversión de tierras sigue su propia dinámica. Los factores reales que determinan el uso de la tierra en Santa Cruz son: la percepción de la fertilidad de suelo, el acceso al agua, el patrón climático de precipitación, infraestructura vial y distancia al mercado. Estudios de teledetección evidencian la debilidad del PLUS y de las instancias gubernamentales de la Prefectura y Municipios encargados de la implementación de sus recomendaciones para impedir el desarrollo no sostenible. Por ejemplo, imágenes satelitales muestran que existen áreas deforestadas nuevas en zonas clasificadas solamente para la actividad forestal. De la misma manera, existen concesiones forestales nuevas (después de la reforma de 1996) otorgadas en unidades que el PLUS ha clasificado como Bosques de Conservación (ver concesión de CIMAL en la Serranía de Sunsas, al Oeste de Santo Corazón, y la unidad 5.1 del mapa del PLUS). La falta de coordinación de entidades gubernamentales es evidente; las recomendaciones del PLUS fueron publicadas en 1995, mientras que las concesiones Forestales fueron otorgadas en 1997. También preocupante, es la existencia de nuevos desmontes de gran magnitud, evidentemente de estancias ganaderas, en áreas dentro de los límites de una demanda territorial indígena, como es el caso de los Chiquitanos y el área de Monte Verde, al norte de Concepción.

La Figura 3 muestra la cobertura boscosa del Area de Influencia y la localización de las concesiones forestales.

1.2. Situación de la Titulación de Tierras Indígenas (TCOs)

La propuesta territorial de los Pueblos Indígenas de tierras bajas, expresada en las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) tiene las siguientes características:

Las TCOs no son solamente propiedades agropecuarias, sino un colectivo de derechos sobre el suelo y recursos naturales, lo que las convierte naturalmente en punto de partida para estrategias integradas de uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

Los pueblos indígenas deben definir en sus TCOs un sistema de gestión y desarrollo de sus recursos naturales en coordinación con todos los sectores, INRA, Forestal, Medio Ambiente y propietarios privados (terceros) que se consoliden al interior del área de la TCO.

En muchos casos se considera que las extensiones son excesivas, desde el punto de vista demográfico, y se dejan de lado criterios como: (i) que terceros son propietarios privados al interior de la TCO; (ii) que las estrategias de conservación, manejo forestal y de recursos naturales se definen a escalas espaciales bien diferentes y mayores que las de las actividades agropecuarias; y (iii) la necesidad de respetar estilos y modelos culturales de reproducción de los grupos indígenas en sus TCOs.

Existen distintos niveles de superposición espacial entre TCOs, Concesiones Forestales, Mineras e de Hidrocarburos que requieren el diseño de instancias y mecanismos que permitan oportunidades de desarrollo sostenible y mejora de calidad de vida para los Pueblos Indígenas.

1.2.1. TCOs en el Area del Proyecto

En el Area de Influencia del Proyecto hay un total de cuatro TCOs en proceso de Saneamiento y Titulación bajo convenio INRA-PDPI (Gasoducto Bolivia Brasil) con una superficie total de aprox. 2,1 millones ha; 3 TCOs en proceso de Saneamiento y Titulación en convenio INRA-DANIDA y ONGs, con superficie aprox. de 1,3 millones ha; una TCO en inmovilización preventiva con 1,6 millones ha; una TCO en proceso de identificación en la provincia G. Busch en convenio INRA-PDPI.

Provincia	TCOs	ha	Población	Etnia(s)	Convenio
Cordillera	Isoso Yembiguasu	1.900.000 1.600.000	8.300	Guarani Izozo Guarani, Ayoreode	PDPI-INRA Pendiente
Chiquitos	Santa Teresita Tobité	49.726 22.373	150 130	Ayoreode Ayoreode	PDPI-INRA PDPI-INRA
G. Busch	Rincón del Tigre	97.871	497	Ayoreode	PDPI-INRA
Entre Velasco y Ñuflo de Chavez	Lomerío Zapoco Monteverde	290.788 26.749 1.059.964	4.969 252 21.923	Chiquitanos Ayoreode Chiquitanos	INRA-APCOB PDPI-INRA INRA-DANIDA
Comunidades	Comunidades		nd	Chiquitanos y Ayoreodes	INRA-PDPI-varios
Totales		5.098.289

Resumen: (1) En Saneamiento y Titulacion 7 TCOs; superficie 3,4 millones ha

(2) En Inmovilización Preventiva 1 TCO; superficie 1,6 millones ha

(3) En proceso de Identificación 1 TCO; superficie no determinada

1.2.2. Tierras de Comunidades Indígenas

Ademas de las TCOs, existen comunidades indígenas que están en demanda de tierras comunitarias, que tras ser tituladas podran replantearse como TCOs.

Tierras de Comunidades en el Area de Influencia

Provincia	Comunidades	ha	Población	Convenio	Situación
Chiquitos y Sandoval	11	50.973	3.319	PDI Gasoducto a Cuiabá e INRA	No iniciado
Chiquitos y Busch	80	220.000	5.000	PDPI Gasoducto Bolivia Brasil e INRA	En proceso
Velasco	40	nd		INRA	En proceso
Total		279.973

1.2.3. Saneamiento y Titulación de TCOs

Los sistemas de compensación, especialmente el PDPI del Gasoducto Bolivia Brasil ya están generando una línea de apoyo a Saneamiento y Titulación de TCOs y comunidades Indígenas, en convenio con INRA, asegurando una metodología de Saneamiento y Titulación de bajo costo y alta participación social. Las acciones del Plan de Acción de la EAE del Proyecto deberán buscar la articulación con los PDPI y PDI de los Gasoductos y una ampliación del espectro de acción con INRA y los Bancos, para sanear, titular y racionalizar el conjunto de la situación de tierras, incluyendo propietarios privados y comunidades no indígenas.

Los principales cuellos de botella en el proceso de Saneamiento y Titulación son los siguientes:

Escasez de recursos financieros para su realización.

Deficiencias de gestión institucional pública transparente, eficiente y justa por parte del INRA.

Deficiencias técnicas, metodológicas y de equipamiento para la realización de los pasos técnicos de pericia de campo, determinación de Función Económica y Social y georeferenciación de las demandas.

Ausencia de mecanismos institucionales de participación equilibrada de los interesados y entidades pertinentes para control cruzado, seguimiento y evaluación de estos procesos.

Conflictos de intereses entre propietarios, con ventajas importantes para los grandes propietarios.

Burocratización, ineficiencia y demora entre cada paso del proceso de saneamiento.

El peso de influencias políticas y económicas en las fases finales de resolución del saneamiento.

Se presenta a continuación un resumen de aportes y hallazgos del Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas -PDPI del Gasoducto Bolivia-Brasil; del Convenio DANIDA-INRA (TCO Monteverde) y del Consorcio INYPSA en Saneamiento Simple en áreas de las Provincias Ñuflo de Chavez y Sandoval.

a) Ampliación de Actividades de Saneamiento y Titulación en ejecución bajo Convenio PDPI-INRA

Programación Inicial

Bajo este Convenio se había programado inicialmente el apoyo a accciones de Saneamiento y Titulación de las TCOs: Izozo (Guaraníes), Santa Teresita (Ayoreode), Tobité (Ayoreode) y de Tierras Comunitarias para aproximadamente 25 comunidades Chiquitanas entre San José y Roboré.

Ampliación y Situación Actual

Por iniciativa de las organizaciones indígenas, y en acuerdo con INRA, se ha ampliado el alcance de estas actividades a las siguientes unidades: TCO Rincón del Tigre (Ayoreode), TCO Zapoco (Ayoreode) y de 75 comunidades chiquitanas en demanda de Tierras Comunitarias.

En conjunto, entre TCOs y tierras de comunidades, el Convenio PDPI-INRA está cubriendo demandas de Pueblos Indígenas sobre 2,3 millones ha para tres pueblos indígenas y para una población estimada de 14.000 miembros de estas etnias.

Relevancia para la EAE del Proyecto

En primer lugar, estas experiencias están aportando metodologias y procedimientos que pueden contribuir centralmente a solucionar algunos de los cuellos de botella apuntados anteriormente para todos los procesos de saneamiento y titulación. Y en segundo lugar, la totalidad de las acciones del convenio PDPI-INRA se desarrollan al interior del Area de Influencia del Proyecto.

El programa de compensación de impactos indirectos del Gasoducto al Brasil provee de un importante conjunto de oportunidades, posibles alternativas e instrumentos técnicos y metodológicos al proyecto Carretero. Especialmente si se articulan e integran esfuerzos, ante los impactos del Corredor, en relación a los planes de compensación y sistemas de coordinación institucional.

b) Participación, Diseño Técnico y Metodológico del Proceso de Saneamiento y Titulación

Participación

A través del Convenio PDPI-INRA signado entre CIDOB, CABI, INRA, Comité Ejecutivo del PDPI, se establece un precedente y avance sustancial en el tema de participación de los interesados en todo el proceso y pasos de Saneamiento y Titulación: desde la coordinación institucional del proceso, hasta el conjunto de las acciones que llevan hasta la titulación definitiva de la TCO ó tierras de comunidades.

Principalmente de los Pueblos Indígenas titulares de las demandas de TCOs y tierras de comunidades, pero también de los terceros, propietarios privados agrarios, que serán titulados al interior de la TCO.

Se establece un marco de coordinación institucional público (INRA) y privado que posibilita, a través del Comité Ejecutivo del PDPI, participación de las empresas patrocinadoras del gasoducto (GTB y PETROGASBOL), pueblos indígenas y coordinación con los propietarios privados que tienen demandas de propiedad / posesión al interior de las TCOs.

Equipos Técnicos, Equipamiento y Participación Indígena

Sobre la base del Convenio INRA, PDPI y Pueblos Indígenas se ha conformado un equipo técnico conjunto (legal, topógrafos, agrónomos, ingeniero de sistemas e indígenas) para llevar adelante del Paso 1 (Identificación en Gabinete) al Paso 4 (Pericias de Campo).

Se ha equipado, a partir del convenio y con recursos del PDPI, movilidades, equipos de GPS y computación sofisticados para GIS y cartografía, equipos de campo adecuados para un eficiente soporte técnico a los trabajos.

Siendo el Paso 4 (Pericias de Campo) determinante para las resoluciones y el de mayor tiempo y costo de todo el proceso, se han definido indicadores específicos y verificables para cada acción de las pericias de campo, juntando los aportes de todas las instancias que están trabajando en Saneamiento y Titulación, resultando entre otros en los siguientes:

Indicadores para la identificación de los predios: georeferenciación y límites (mojones referenciados)

Indicadores para la elaboración del informe de FES = Función Económica Social del predio. Esto incluye en el equipo agrónomos o economistas agrarios, quienes a partir de su pericia validan con propietarios e indígenas el informe del FES. Esto permite control cruzado y transparencia sobre las magnitudes reales de mejoras, ganados y áreas agrícolas, que sustentan, a fin de cuentas, el tamaño de la superficie del predio.

Procedimientos para la verificación de datos y compaginación e identificación de fallas en gabinete (mosaico SIG)

Procedimientos e indicadores para complementación y corrección de los datos jurídicos y técnicos en campo. Este aspecto es esencial, pues permite un primer nivel de conciliación entre interesados en campo y sobre la base de información y FES, validado por todas las partes. Es poco probable que un propietario pueda manipular datos sociales y económicos para justificar una gran extensión, si tiene que confirmarlo ante una pericia técnica a la que se añade el control cruzado de sus vecinos indígenas y otros.

Procedimientos para hacer casi automático el Informe Final jurídico y técnico, más el plano con mejoras identificadas que completa el Paso 4 (Pericias de Campo).

Procedimiento para la evaluación Técnica y Jurídica – Paso 5. Esta es atribución de INRA con seguimiento de Indígenas y PDPI.

c) Estrategias financieras, costos, escalas y sistemas de fondos rotativos

El covenio PDPI, INRA y pueblos indígenas, permite financiar, desde el Comité Ejecutivo del PDPI, los trabajos de Saneamiento y Titulación. Desde un fondo privado se financia una actividad que es responsabilidad del Estado. Lo importante es que el PDPI está intentando reducir al mínimo, compatible con buenos resultados, el costo de Saneamiento y Titulación con el objetivo de mantener un fondo para las acciones post-saneamiento relativas a la promoción del desarrollo sostenible en las TCOs.

Racionalizacion de costos y escalas de trabajo

La conformación de un equipo técnico conjunto entre PDPI, INRA y miembros de Pueblos Indígenas está permitiendo construir los presupuestos ajustados a las inversiones y gastos reales del proceso de Saneamiento. Especialmente de las pericias de campo.

En un primer momento, INRA fijó una tasa de costo de 0,50 dólares por ha. Por ejemplo, en el caso del Izozo sanear 1,9 millones de ha costaría aprox. US$ 1 millón. Los trabajos se están realizando con un presupuesto estimado de US$ 500.000. Pero como en el área existen propietarios privados que pagarán por su propio saneamiento (comprendido en el presupuesto anterior), se espera recuperar al menos US$ 350.000 que deberán integrarse a un Fondo Rotativo que está en diseño y negociación con INRA en este momento.

Sistema Rotativo

Como señalado en el punto anterior, se trata de establecer un Fondo Rotativo que recupere y reinvierta los recursos que aporta el PDPI al proceso de Saneamento y Titulación, buscando sostenibilidad financiera y mejor uso de recursos.

d) Marcos Institucionales; coordinación y sector privado; monitoreo y evaluación

Es una importante e inédita experiencia de un marco institucional que articula empresas privadas de hidrocarburos, pueblos indígenas, representación de sociedad civil y estado (INRA) en una acción fundamental, como es la de saneamiento y titulación.

Permite un sistema de control cruzado, seguimiento y evaluación, de modo que los Bancos (Banco Mundial y BID), empresas, pueblos indígenas y propietarios privados que aporten con sus pagos, puedan dar seguimiento al proceso y evitar dobles cuentas y malos manejos.

Posibilita mecanismos de solución de conflictos fuera de las formas tradicionales de compra de favores al estado y hechos como los que hoy marcan la crisis institucional en INRA.

e) TCOs: Retos y Desarrollo Sostenible

El riesgo y reto para los Pueblos Indígenas es inmenso, porque deben pasar de gerenciar pequeñas áreas en propiedad, a gestionar TCOs con extensiones entre decenas de miles a más de un millón de ha, junto con el complejo de recursos naturales, agropecuarios, forestales. No basta Sanear y Titular la TCO, es necesario apoyar estrategias de gestión y asegurar recursos para su desarrollo social y económico.

Las TCOs y áreas protegidas son, por su extensión territorial y vocación, base fundamental para concertar estrategias de desarrolllo sostenible en el área. Cabe enfatizar el rol de CABI, Pueblo Indígena, en la gestión del área protegida Kaa Iya y la consonancia con el marco del GEF II de profundizar la participación social, descentralización, gestión privada y autofinanciamiento de las Areas Protegidas en Bolivia.

Conclusión: La Especificidad de la presencia de los Pueblos Indígenas en la perspectiva de participación en un Sistema de Gestión Institucional, Social y Ambiental en el Area del Proyecto

La particular configuración de los Pueblos Indígenas debe ser entendida a partir de la articulación de los siguientes temas y procesos:

Derechos y gestión territorial, TCOs y Tierras de Comunidades, en la perspectiva de un marco de ordenamiento territorial integrado.

Gestión y manejo ambiental, parques y áreas protegidas, incluyendo el tema de sistemas tradicionales y conocimientos en el manejo de recursos naturales renovables.

Formas propias de gobierno, incluyendo la situación de Municipios indígenas, Municipios rurales y participación en Municipios de los centros poblados.

Estrategias de desarrollo sostenible a partir de los recursos naturales presentes en sus territorios.

Temas de identidad cultural.

En general, los EIA de la Carretera, Gasoductos y otros estudios y diagnósticos han tendido a aislar el tratamiento de la cuestión indígena. En consecuencia, las medidas de mitigación, compensación o de creación de oportunidades de desarrollo no se integran a una estrategia conjunta, en la que indígenas participen con los otros actores de la sociedad civil, del gobierno local o regional y sectores empresariales.

Esto es especialmente importante, pues las entidades que detienen capacidad de gestión de áreas territoriales son: Municipios, Gobiernos Departamentales, Pueblos Indígenas en TCOs y administradores de Areas Protegidas. Son esas las entidades que legalmente sustentan formas propias, específicas de gobierno (con margen de autonomía en el caso de Municipios e Indígenas), recursos de inversión y competencias, jurisdicciones y "propiedad patrimonial" espacial - territorial y sobre el medio ambiente.

1.3. Situación de la Gestión de Areas Protegidas y Areas de Alto Valor Ecológico

Santa Cruz goza de una enorme riqueza de recursos naturales debido a su posición latitudinal, clima tropical y geomorfología variada. La historia del Departamento y su aislamiento durante varios siglos han beneficiado la conservación de la biodiversidad. Aunque la región siempre ha dependido de sus recursos naturales para sus actividades productivas, hasta muy recientemente los modelos de producción se basaron en aprovechamiento de baja intensidad. El desarrollo moderno y la integración regional representan una nueva situación en la que los modelos de producción son mucho más intensivos y los ecosistemas del Departamento están enfrentando amenazas inmediatas a su integridad ecológica y a la conservación de la biodiversidad.

Afortunadamente, los Bolivianos, especialmente los Cruceños, reconocen el valor de su patrimonio natural y las amenazas que su propio desarrollo están llevando a su conservación. En menos de 20 años, el Sistema Nacional de Areas Protegidas ha crecido de un sistema informal casi inexistente para incorporar alrededor de 10% de la superficie nacional. Aunque el SNAP tiene problemas significativos de gestión de corto, mediano y largo plazo, el trabajo de los últimos tres gobiernos y de las demás instituciones ligadas al tema de conservación se puede caracterizar como muy positivo y ejemplar para el mundo.

Santa Cruz siempre ha sido el líder boliviano en el desarrollo de sus áreas protegidas y cuenta con el mayor porcentaje incorporado de superficie en comparación con los demás Departamentos del País. La formación de sus áreas protegidas son el resultado de iniciativas locales, mediante el liderazgo de individuos destacados (como Noel Kempff Mercado), grupos indígenas (CABI) o instituciones regionales (Universidad y CORDECRUZ). También, los Cruceños han sido innovadores en el desarrollo de modelos para la administración de sus reservas biológicas y existen dos reservas en el Departamento que están administradas por instituciones no gubernamentales mediante convenios o contratos a mediano plazo. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado está administrado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una ONG conservacionista, mientras que el Parque Nacional Gran Chaco Kaa-Iya es administrado por la Capitanía de Alto y Bajo Izozog (CABI), una organización indígena del pueblo Guaraní. El gobierno central ha decidido administrar directamente el Parque Nacional Amboró, pero está coordinando sus actividades con la organización CARE, que está a cargo de un programa para promover el desarrollo sostenible en los alrededores del Parque.

Estos experimentos en la gestión de las áreas protegidas cruceñas ha posibilitado la canalización de recursos económicos de diversas fuentes para la conservación. También, la participación del sector civil en la gestión de las áreas ha favorecido el desarrollo de programas financiados por el sector privado. Quizás el mejor ejemplo de esta posibilidad es el Proyecto de Acción Climática del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde FAN, The Nature Conservancy y American Energy Producers han organizado un proyecto piloto auspiciado por la Iniciativa para la Implementación Conjunta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este proyecto, con un financiamiento garantizado de US$ 9M y un horizonte de 30 años, puede generar en el futuro decenas de millones de dólares adicionales para la protección del Parque y el fortalecimiento del SNAP en general.

Recientemente, el liderazgo de los Cruceños en buscar nuevos modelos para la conservación se ha manifestado mediante un acuerdo entre un grupo de empresas privadas (ENRON International, Shell Gas, Transredes) y cinco grupos conservacionistas (Fundación Amigos de la Naturaleza, Missouri Botanical Garden, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Wildlife Conservation Society, World Wildlife Fund). El acuerdo estableció un fondo fiduciario para apoyar un Programa de Conservación del Bosque Seco Chiquitano, el cual apoyará la gestión del Area Natural de Manejo Integral de San Matías y el desarrollo sostenible de la región donde está ubicado el gasoducto ramal Río San Miguel - Cuiabá. El fondo tiene una estructura corporativa privada, donde las empresas privadas se comprometen a donar US$ 20 M en 15 años, lo cual está condicionado a la contribución de US$10 M de fondos adicionales por las organizaciones conservacionistas. A diferencia de muchas iniciativas que pretenden compatilizar conservación y desarrollo, esta compromete involucrar, no solamente conservacionistas, grupos indígenas y comunidades locales, sino también la industria forestal, minera y ganadera.

En la actualidad, estas experiencias y los resultados de los diferentes modelos de gestión, además de la participación de los diferentes actores locales, nacionales e internacionales, están sujetos a una evaluación constante por parte de la sociedad cruceña. Existe un debate dinámico sobre los diferentes modelos de gestión, sus beneficios, deficiencias y los conflictos que cada uno genera o resuelve. El debate es serio, saludable y parte de una sociedad democrática en busca de su propio camino al futuro.

Gestión Actual de las Areas Protegidas en el Area de Influencia

Area Protegida	Estatus	Modelo de Admistración	Socio del sector civil	Gestión	Presupuesto Fuente
Gran Chaco Kaa-Iya	Parque Nacional y ANMI	SERNAP y organización indígena	CABI
San Matias	ANMI	SERNAP	Comité Impulsor de las A.P. del Pantanal	Incipiente	US$ 400.000 Plan de mitigación del Gasoducto a Cuiabá
Otuquis	Parque Nacional y ANMI	SERNAP	Comité Impulsor de las A.P. del Pantanal	Inexistente	Sin presupuesto
Valle de Tucavaca y Serranía de Santiago	Propuesta de PLUS	Por definir	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Santa Cruz la Vieja	Parque Regional	Municipio	Municipio de San José de Chiquitos	Desconocido	Ninguno

1.4. Población, Disponibilidad de Servicios Básicos de Infraestructura

1.4.1. Población y Poblamiento en el Area de Influencia del Proyecto

El total de población estimada en el Area de Influencia, a partir de los datos de fuentes oficiales y privadas, es de 229,535 habitantes. El porcentaje de población urbana y migrante (no nativa) es muy alto en relación al estándar nacional. Esto muestra dos características importantes del área:

El patrón de asentamiento tradicional, centrado en las antiguas Misiones, fue reforzado por el patrón moderno de asentamiento a lo largo de los caminos y centros poblados existentes (caso de San José).

Aparece un nuevo patrón de poblamiento en los relativamente nuevos centros urbanos en las fronteras con Brasil, casos de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías.

Area de Influencia – Población por Municipio estimada para 1999

Provincia	Municipio	Total Hab.	% Urbano	% Rural	% Nativos	% Migrantes	*Rentas Municipales Gestión 1999**
Chiquitos	San José Pailón Roboré	54.157 18.237 16.501 19.419	53%	47%	65%	35%	2.845.103 2.574.318 3.029.567
Cordillera	Charagua Canton Isoso**	8.747					1.300.000
German Busch	Pto. Suárez Pto. Quijarro	32.385 22.282 10.103	73%	27%	55%	45%	3.476.273 1.576.186
A. Sandoval	San Matías	11.249	66%	34%	75%	25%	2,125.228
Ñuflo de Chavez	Concepción San Javier San Julián	85.193 19.937 14.570 50.686					2.837.010 2.073.365 7.212.661
Velasco	San Ignacio San Miguel San Rafael	37.759 24.212 10.074 3.473					4.420.926 1.674.546 577.458
Total		229.535					35.722.659

Elaboración propia en base a Proyección INE 1999, FIS y SNIS

*Rentas en Bolivianos; fuente Participación Popular, Prefectura Departamental

** Renta estimada del cantón Isoso en base al indicador promedio por habitante

Las zonas de crecimiento más dinámico son la provincia de Ñuflo de Chavez, con una tasa de crecimiento del 5,77% anual , la provincia de Chiquitos, especialmente las ciudades de San José, Pailón y Roboré, con una tasa de crecimiento del 4,47% anual, y la provincia Germán Busch, en sus centros Puerto Suárez y Quijarro, igualmente con tasas de crecimiento mayores al 4%. Estos patrones y tendencias ya se muestran como consecuencia del desarrollo regional inducido por la existencia del ferrocarril y vías camineras, y el desarrollo de líneas de comercialización y transporte de productos de Bolivia (soya, madera, ganado, hortalizas), o que vienen desde Chile, Argentina vía Bolivia hacia el Brasil.

Una parte importante de la población indígena está asentada en la periferia urbana de los pueblos de origen más antiguo (ex Misiones), sobre todo los Chiquitanos. Se estima para el Area de Influencia un total del orden de 55.000 habitantes pertenecientes a pueblos indígenas chiquitanos, ayoreodes y guaraní-izoceños, lo que representa al menos el 26% de la población:

Provincias Etnias	Chiquitos	Sandoval	G. Busch	Cordillera	Velasco	Ñuflo de Chavez	Totales
Chiquitanos	8.000	7.000	2.500		5.000	22.800	45.300
Guarani-Izoceño				8.874			8.874
Ayoreode	450		588				1.038
Total							55.212

Elaboración propia en base a fuentes: INE 1994 - Censo Indígena, APCOB 1993, CPTI 1998

Los datos informales de población actual (fuente: Municipios) indican números mayores de población. Una parte puede ser resultado de migración hacia el eje Chiquitos-Busch. De todos modos el total de población para el Area de Influencia es de 229,535 habitantes, según los estimados oficiales.

La estructura ocupacional de la PEA del AII muestra que entre obreros (+ del 35% de la PEA, concentrada en los centros poblados y grandes empresas agrícolas, ganaderas, forestales, comerciales), trabajadores por cuenta propia (+ del 30%), artesanos, campesinos y sin especificar (+ del 25%), forman con sus familias más del 95% de la población, con niveles de ingresos muy bajos. Por el contrario, profesionales independientes y patrones constituyen menos del 1,5%. Esto implica que el componente de población de mayor capacidad económica y técnica está practicamente ausente del AII y de sus municipios, y que en su mayor parte reside en Santa Cruz o en Brasil.

1.4.2. Municipios, Servicios Básicos e Infraestructura

Los Municipios, individualmente y en mancomunidad, son un factor fundamental en el diseño de estrategias alternativas, planes de compensación y marcos de gestión institucional. A partir de la Ley de Participación Popular, los municipios se convierten en la base principal del proceso de descentralización del sistema de gobierno. El país se divide en 311 secciones, cada una con sus respectivos Gobiernos Municipales. Se establece un fondo de Co-Participación que recibe aprox. el 17% del total de recursos de Gasto Público que autoriza anualmente el Presupuesto Nacional. Estos recursos son distribuidos a los Municipios en función del número de habitantes de los mismos. Otros recursos de los municipios devienen de sistemas de regalías y patentes referentes a actividades de hidrocarburos, forestales, minería, convenios con Prefectura para programas de infraestructura y los impuestos y servicios locales.

Solo los municipios con grandes y medianas ciudades, con mayor concentración demográfica, de actividades económicas, vivienda, parque automotor, programas departamentales y capacidad de endeudamiento suficiente para conseguir créditos, tienen capacidad de generar recursos que soporten servicios y programas de inversiones con perspectiva de desarrollo.

Provincia	Tasa anual Crecimiento	Mortalidad infantil ‰	Analfabe- tismo %	Asistencia Escolar %	Tamaño de familia	Agua instalación	Energía Eléctrica	Servicios Sanitarios
Chiquitos	4,47%	65‰	9,6%	67,3%	5,3	61%	51%	62%
Busch	4,47%	55‰	6,6%	71,7%	4,9	73%	70%	68%
Sandoval	1,82%	47‰	13,6%	66,0%	5,5	19%	31%	33%
Ñ. de Chavez	5,77%	85‰	26,3%	60,0%	5,2	17%	12	50%
Velasco	3,57%	62‰	19,0%	73,4%	5,6	31%	28%	64%
Cordillera	3,13%	40‰	16,4%	69,0%	5,2	55%	42%	53%

Fuente: INE; SNIS proyección para 1999.

Las 12 secciones municipales más el distrito municipal indígena Isoso considerados en el Area de Influencia del Proyecto tienen en conjunto rentas provenientes del gobierno central por un monto aproximado de 36 millones de Bolivianos al año y un promedio de 155 Bolivianos ó 26 dolares por habitante. El rango de rentas oscila entre un máximo de 7 millones de Bolivianos (US$ 1,1 millones) del Municipio de San Julián y menos de 2 millones de Bolivianos (US$ 250 mil), renta del municipio de San Miguel. Rentas adicionales deben ser captadas por recaudación de los vecinos por bienes inmuebles, establecimientos comerciales, movilidades, y porcentaje de participación en regalías mineras, forestales y de hidrocarburos. Resulta evidente que, salvo en muy pequeña escala y en los centros poblados mayores, San Ignacio, Puerto Suárez, San Matías, San José, la recaudación por estos otros conceptos es muy pequeña o inexistente.

Resulta claro también a la luz de los indicadores de servicios básicos que los centros poblados urbanos más importantes, con mejor articulación caminera, férrea y mayor movimiento comercial tienen los mejores perfiles de cobertura de servicios básicos. Por ejemplo, el cuador anterior muestra el relativamente alto nivel de servicios de educación, agua, energía eléctrica, y menor tasa de mortalidad infantil y analfabetismo en las Provincias Busch y Sandoval, cuya población está nucleada en sus centros urbanos, frente a Sandoval, Ñuflo de Chavez y hasta Chiquitos, cuya población está más distribuida en pequeños poblados y áreas rurales.

Los municipios pequeños, y en ese rango están los ocho municipios del Area de Influencia del Proyecto, tienen presupuestos tan reducidos que poco pueden hacer más allá de los gastos de personal, concejales, reuniones, atención mínima a servicios urbanos y algunas obras de infraestructura de salud y educación. Sin embargo, las competencias de los municipios, transferidas desde el gobierno central / departamental son muy grandes e importantes, desproporcionales a los presupuestos municipales.

Actualmente los municipios tienen competencia territorial sobre el total del espacio físico de la sección, tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales. En el marco normativo anterior a la Ley de Participación Popular tenían solo competencias sobre los centros poblados o urbanos. Como gobiernos locales, se les han transferido responsabilidades en las áreas de salud, educación, servicios urbanos, caminos secundarios locales, área de servicios y, ultimamente, el seguimiento de las cuestiones forestales (en función de las patentes y asociaciones sociales del lugar para aprovechamiento forestal), de saneamiento y titulación de propiedades agrarias, y de proyectarse como municipios productivos.

Servicios Básicos e Infraestructura: Diagnósticos Existentes

El conjunto de diagnósticos del estado de situación de servicios básicos e infraestructura provenientes de datos oficiales: INE, Municipios, Planes Microrregionales, y de datos provenientes de los EIA de los gasoductos y de la carretera, presentan información e indicadores de los siguientes aspectos:

Educación; indicadores sobre niveles de educación formal y de infraestructura educativa

Salud; indicadores de niveles de atención de salud, enfermedades de mayor incidencia, infraestructura y servicios en las secciones municipales.

Agua Potable: servicios y saneamiento básico

Energía Eléctrica; servicios (fuente) y población abastecida

Infraestructura vial; caminos secundarios y medios

Indicadores compuestos: Mapa de Pobreza de Bolivia, Indices de Desarrollo Humano.

El conjunto de información, indicadores simples y compuestos, arrojan como resultado global que la situación social, servicios básicos e infraestructura en el área es relativamente buena en relación a los promedios nacionales. El problema es que los promedios nacionales son críticos en el contexto de America Latina.

1.4.3. Municipios: capacidad y potencial de coordinación y desarrollo

El Consorcio considera que lo central, a partir de los datos descriptivos existentes, es evaluar la capacidad actual y futura de los Municipios: sus estructuras institucionales de gobierno y consulta; las técnicas de programación y gestión; la situación de sus rentas propias más inversiones públicas provenientes de programas nacionales y departamentales, cooperación internacional e inversión privada.

Es necesario evaluar esta capacidad actual y potencial de los Municipios a dos niveles: primero en cada Municipio, para dar cuenta de los problemas locales; y en segundo lugar a nivel del conjunto de Municipios del área, para dar cuenta de problemas, intervenciones y programas de orden regional, que no aparecerían en el escenario de competencias de cada municipio individualmente. Por ejemplo programas ambientales, de desarrollo económico, de inversión en infraestructua energética alternativa a la existente, de inversión para asegurar fuentes de agua potable para la población en crecimiento, entre otros.

En la metodología del Diagnóstico se presenta un outline de los grupos de temas relevantes para el trabajo de diseño de la EAE con los Municipios, que permitan un tránsito fluido y lógico entre la evaluación y la consulta pública.

1.5. Proceso utilizado en Bolivia para conceder Licencia Ambiental a Proyectos Viales

Los principales instrumentos legales relativos al tema son:

1 – Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte No. 1874 del 18 de junio de 1998, que permitirá la inversión por parte de empresas privadas en la infraestructura de transporte, construcción, rehabilitación y administración de obras públicas (caminos, puentes, aeropuertos, etc.), con cargo a recuperación de inversiones al conceder derechos para lograrlo.

Entidades Competentes:

El Art. 5.- establece .... Serán competentes para realizar las acciones preliminares, licitar, otorgar y contratar bajo el régimen de concesión de obra pública de transporte, las siguientes Entidades Concedentes: Ministerio de Desarrollo Económico, Prefecturas y Municipalidades, según se describe a continuación:

1.- El Ministerio de Desarrollo Económico a través del Viceministerio de Transporte, Comunicación y Aeronaútica Civil, para toda obra pública de transporte, red o sistema de ellas, que sea de su competencia directa o de las Entidades o Servicios de la Administración Central de su dependencia, o de una o más prefecturas, o de una municipalidad o mancomunidad de ellas, originalmente competentes, le deleguen la facultad de dar y contratar en concesión una obra, mediante la suscripción de un convenio de mandato con el Viceministerio de Transporte, Comunicación y Aeronaútica Civil, en el que se definan los principios para la entrega en concesión de tales obras.

El convenio de mandato podrá recaer sobre una obra singular o parte de ella, o sobre una red de transporte o parte de ella, o referirse a varias obras del mismo tipo o similares, que sean susceptibles de otorgarse en concesión.

2.- Cada prefectura será competente para licitar, otorgar y contratar en concesión toda obra pública de transporte que sea de su exclusiva atribución funcional y de territorialidad, siempre que ella no esté sujeta, en todo o parte, a la competencia de cualquier otro órgano de la Administración Nacional o de una municipalidad.............

3.- Cada municipio será competente en relación con toda obra pública de transporte de su exclusiva competencia funcional y territorial, y que no esté sujeta a la competencia de algún órgano de la Administración Nacional o de una prefectura.......

4.- Una municipalidad o mancomunidad podrá licitar, otorgar y contratar en concesión toda obra pública de transporte que sea de la exclusiva competencia funcional y territorial de las municipalidades y prefecturas que la conforman, siempre que no esten sujetas, en todo o parte, a la competencia de cualquier órgano central de la Administración Nacional o de otra prefectura o municipalidad...........

Obligatoriedad de Licitación Pública y de Estudio de Impacto Ambiental:

El Art. 9 de la ley establece....El otorgamiento de toda concesión se hará obligatoriamente por licitación pública, de conformidad a lo establecido en la presente ley y su reglamentación y las bases de licitación. Por imperio de esta ley para la concesión de obras nuevas o mejoramiento sustancial, la o las entidades concedentes deberán acompañar para cada licitación pública, como mínimo los siguientes estudios:

1.- Estudio de diseño final de ingeniería

2.- Estudio de factibilidad técnico, económico-finan