Ese monto incluye fondos que habían sido comprometidos y que han sido reasignados de proyectos en marcha hacia actividades de reconstrucción (300 millones de dólares), así como recursos frescos y apoyo para la balanza de pagos (700 millones de dólares en préstamos y 300 millones de dólares en donaciones) para dicho quinquenio.

En una reunión del Grupo Consultivo organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y coauspiciada por el Gobierno de España, representantes de la comunidad internacional manifestaron su sólido respaldo a la estrategia de recuperación y a las propuestas de reconstrucción presentadas por la delegación salvadoreña. Asimismo, los donantes enfatizaron la importancia de velar por la máxima transparencia y propiciar la más amplia participación ciudadana en este gran desafío que enfrenta El Salvador.

El encuentro contó con la presencia de más de 50 delegaciones de naciones donantes, instituciones financieras multilaterales, instituciones de la Unión Europea, organizaciones del sistema de Naciones Unidas y representantes del gobierno nacional, de municipios, del sector privado y la sociedad civil de El Salvador.

Las sesiones fueron inauguradas por el vicepresidente segundo y ministro de Economía de España, Rodrigo de Rato y Figaredo; el presidente de El Salvador, Francisco Flores; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, César Gaviria; y el presidente del BID, Enrique V. Iglesias.

En su discurso ante los delegados, el presidente Flores agradeció la generosidad demostrada por la comunidad internacional ante la tragedia sufrida por El Salvador, que causó más de 1.100 muertes, dejó a unas 200.000 familias sin techo y provocó severísimos daños materiales y pérdidas económicas.

El presidente salvadoreño enfatizó que esta tragedia debe convertirse en una oportunidad para el pueblo de El Salvador para desarrollar un modelo de sociedad más equitativo y una democracia más participativa.

Por su parte, el vicepresidente Rato reiteró el compromiso de España con El Salvador. Rato observó que el Plan de Recuperación presentado por el gobierno salvadoreño será una excelente guía para los países donantes y las instituciones multilaterales. El plan, agregó, no es sólo una relación de daños acaecidos sino que recoge la decisión y el compromiso de El Salvador para poner en marcha un programa orientado a construir un país menos vulnerable, más equitativo y más participativo.

En su intervención, el presidente Iglesias señaló que esta sucesión de desastres naturales se había ensañado con una nación que venía avanzando en un proceso de profundas reformas económicas, sociales y políticas tras haber logrado la paz y la estabilidad macroeconómica durante la década pasada. "El desafío que hoy enfrentan el pueblo de El Salvador y su dirigencia es formular una estrategia a largo plazo que los devuelva a la senda del desarrollo sostenible. Y para eso necesitan la ayuda de la comunidad internacional", agregó.

Durante la reunión las delegaciones analizaron el impacto económico y social de los terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero en El Salvador. Estas tragedias dejaron damnificada a un cuarto de la población salvadoreña. En muchas comunidades rurales se han interrumpido las actividades productivas y el año lectivo para sus escolares.

Según una evaluación socioeconómica y ambiental del impacto de los terremotos elaborada por la CEPAL, estos desastres le costaron a la nación salvadoreña unos 1.600 millones de dólares en daños directos e indirectos, una suma equivalente a 12 por ciento de su producto bruto interno. Casi dos tercios de esos daños son atribuibles a la infraestructura física y económica y a sectores sociales como la vivienda, escuelas y centros de salud. La reposición de las pérdidas materiales superaría los 2.000 millones de dólares.

A su vez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario observaron en un estudio del impacto macroeconómico que si bien la tragedia ha alterado las perspectivas de la economía salvadoreña, el gobierno aún puede acotar las consecuencias económicas negativas de los terremotos mediante un efectivo programa de reconstrucción.

El análisis de las instituciones de Bretton Woods, al referirse a las políticas macroeconómicas del gobierno salvadoreño, señaló la importancia de seguir con el proceso de reforma estructural y mantener una sólida posición fiscal, acompañada por una cantidad adecuada de reservas internacionales netas, a fin de mantener la estabilidad.

Al presentar su plan de recuperación, "Unidos por El Salvador", el gobierno salvadoreño expuso una estrategia para reconstruir una nación fundada en el estado de derecho, con una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, empeñada en integrase plenamente a la economía mundial y menos vulnerable a los desastres naturales. La presentación fue complementada por una exposición del proceso de formulación del Plan de Nación, como una visión de futuro consensuada entre todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Este Plan de Nación cumplirá un papel fundamental en la reconstrucción.

Entre los objetivos específicos de la estrategia salvadoreña figuran la promoción del desarrollo sostenible, el fortalecimiento del tejido social, la protección del medio ambiente mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la reconstrucción de viviendas e infraestructura con criterios de mitigación de amenazas naturales y el desarrollo de las economías y los gobiernos locales, a fin de incentivar la participación ciudadana en el proceso de recuperación y transformación.

La propuesta del gobierno salvadoreño de llevar adelante una estrategia integral de recuperación en el marco de prudencia económica fue saludada por las demás delegaciones. Los donantes señalaron que éste es un proceso a largo plazo que exigirá una verdadera transformación para lograr el desarrollo económico y social sostenido. Reconocieron asimismo los esfuerzos de El Salvador por movilizar recursos propios ante la emergencia y alentaron a las autoridades salvadoreñas a conservar la disciplina fiscal que ha caracterizado a su administración mediante renovados esfuerzos por aumentar la recaudación tributaria.

En ese sentido, los donantes enfatizaron la importancia de continuar el diálogo político para asegurar la calidad del proceso de reconstrucción. Varias delegaciones de países cooperantes expresaron preocupación por la polarización que se ha suscitado en la política salvadoreña, aunque reconociendo la maduración del proceso democrático en la última década. Los donantes instaron a todas las fuerzas políticas salvadoreñas a facilitar el diálogo mediante consultas con la sociedad civil en su conjunto, el sector privado y los municipios sobre los programas de reconstrucción.

El Salvador constituye, como democracia emergente, un modelo de esfuerzo en la construcción de consensos políticos que se remonta a los acuerdos de paz de 1992 y se manifestó recientemente en las posiciones y la composición de la participación en este foro.

Asimismo los donantes alentaron los esfuerzos de El Salvador por llevar adelante un programa de descentralización basado en el desarrollo municipal que apunta a mejorar la provisión de servicios públicos y la auditoría social del gasto público. Señalaron que esa iniciativa debe ir acompañada por recursos para capacitar a los funcionarios municipales, así como a la ciudadanía participante.

Por otra parte, los donantes subrayaron la necesidad de invertir tanto en la reducción de la pobreza como en la prevención y mitigación de desastres naturales para poder romper el círculo vicioso de pobreza y degradación ambiental.

El gobierno salvadoreño propuso la creación de un mecanismo de seguimiento visto como responsabilidad de todos, tanto de quienes reciben como de quienes ofrecen. Este mecanismo deberá fundarse en los principios compartidos por todos: los principios objetivos de la Declaración de Estocolmo. Reforzando la institucionalidad presente, este mecanismo de seguimiento brindará coordinación, concertación, transparencia y contraloría social. Los donantes acogieron la propuesta, destacando la importancia de la transparencia en el uso de los recursos públicos y de involucrar a la sociedad civil y a la comunidad internacional en tal cometido.

En sus conclusiones, el gerente del Departamento de Operaciones Regionales del BID para el Istmo Centroamericano, México, Haití y República Dominicana, Miguel E. Martínez, señaló que una de las lecciones que dejan los desastres naturales es que siempre ofrecen una oportunidad para hacer las cosas de modo diferente, de emprender cambios que en otras circunstancias serían política o financieramente imposibles.

Martínez afirmó que hoy, en Madrid, la comunidad internacional había dado sobradas pruebas de que estaba dispuesta a acompañar solidariamente a El Salvador en el desafío de la construcción de un país menos vulnerable y más justo, próspero y solidario.