Estrategia de país

El BID en coordinación con Belice prepara la estrategia de país. En este documento, marco de referencia para las operaciones financiadas por el Banco, se establece las prioridades de desarrollo de Belice, que son consistentes con las estrategias de desarrollo del BID para la región. La estrategia de país con Belice incluye el programa esperado por el Banco para el período 2008-2012.

La estrategia de país incluye una síntesis de la actual situación económica del país y una estrategia de desarrollo del Banco para el país dividida por sector. Las estrategias de país son preparadas en base a un estudio analítico hecho por el Banco y otros participantes en una amplia escala de sectores económicos y sociales, tales como desarrollo urbano y rural, salud, educación, modernización del estado, transporte, comercio, medio ambiente, entre otros.

Estrategia de país con Belice (2008-2012)

La estrategia de país del BID para el período 2008-2012 respalda el programa del Gobierno de Belice, que se centra en la institucionalización de la gobernanza y la consolidación de una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Las prioridades que se ha propuesto el país para el mediano plazo son las siguientes: asegurar una gestión fiscal acertada y transparente; crear condiciones propicias para el crecimiento sostenible, impulsado por el sector privado y restablecerlo; mejorar el desarrollo de los recursos humanos y la protección social, y fortalecer la gestión ambiental. Además, la rehabilitación de la infraestructura básica, deteriorada por las recientes inundaciones, es una prioridad a corto plazo.

Los resultados que se espera obtener de la asociación del país con el BID son, entre otros, los siguientes: un marco jurídico mejorado para la sostenibilidad fiscal, la reducción de los riesgos fiduciarios (como parte del fortalecimiento de los sistemas nacionales), una mayor capacidad de planificación de las políticas y lugares de destino en el sector del turismo, mejor infraestructura en los destinos turísticos, reducción de los riesgos ambientales que plantean los desechos sólidos, un mayor registro catastral en zonas urbanas, mejor acceso a cuidado primario de la salud y a la educación secundaria para los pobres, y rehabilitación de las carreteras deterioradas por las inundaciones.