Palabras del Presidente del BID Luis Alberto Moreno durante el II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe “América Latina después de la tormenta: Escenarios post-crisis”

PALABRAS DE BIENVENIDA

Señora ANNE-MARIE IDRAC, Secretaria del Estado encargada del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Industria y del Empleo
Señor ANGEL GURRIA, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Señor ENRIQUE IGLESIAS, Secretario General Iberoamericano
Señor ENRIQUE GARCIA, Presidente de la Corporación Andina de Fomento
Señores Gobernadores
Señores Embajadores
Señoras y señores

HAITI

No puedo iniciar esta intervención mía sin dejar de hacer una referencia previa al drama Haitiano, como dirían en francés “cas de force majeure, Haiti est a l’ordre du jour”. Hoy se llevará a cabo en Montreal una reunión de donantes para Haití.

Haití, la nación más vulnerable de nuestra región, sufre una tragedia de una magnitud inimaginable. Dos semanas después del terremoto, que devastó Puerto Príncipe, aún no conocemos el número de víctimas fatales pero sabemos que su población, estimada en tres millones de personas, reclama auxilio. El gobierno nacional ha perdido virtualmente toda su infraestructura. Este cuadro desolador exige una respuesta sin precedentes por parte de la comunidad internacional.

En las últimas dos semanas, la máxima prioridad fue la emergencia humanitaria. Numerosos países amigos de Haití movilizaron equipos de rescate. La preocupación actual es la de proveer seguridad, alimentación y refugio a los damnificados por el sismo. Afortunadamente, se están aplicando lecciones aprendidas de otras grandes catástrofes como el tsunami que asoló al sureste de Asia en el 2004. Incluso hemos visto una repetición de la ola de solidaridad mundial que permitió recaudar cientos de millones de dólares para las víctimas.

Aunque aún estamos en la etapa de emergencia, no es demasiado temprano para comenzar a pensar en la reconstrucción. Ante otras catástrofes, como el huracán Mitch que golpeó a América Central en 1998, la comunidad internacional reaccionó rápidamente, comprometiéndose a aportar miles de millones de dólares a las naciones afectadas. En esa ocasión, los tradicionales donantes de América del Norte y Europa cumplieron un papel protagónico. En esta oportunidad, América Latina y el Caribe puede y debe desempeñar un rol mayor en lanzar un verdadero Plan Marshall para Haití.

Varios de nuestros países ya están representados allí por sus tropas en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Más recientemente, diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños expresaron entusiasmo por apoyar los esfuerzos del BID por impulsar la inversión extranjera en Haití. Su compromiso ahora resulta más necesario que nunca. No se trata sólo de aportar recursos financieros. Haití también necesita asistencia técnica. Nuestra región, tan expuesta a los desastres naturales, cuenta con vasta experiencia en esta materia, tanto positiva como negativa. El caso de Managua, arrasada por un sismo en 1972, es un ejemplo clásico de desperdicio de donaciones. Pero hay otras experiencias a tener en cuenta.

En el 2001 El Salvador sufrió dos devastadores terremotos en el lapso de un mes. Los sismos dejaron a unas 200.000 familias sin techo. Una lección de esa experiencia es que los campamentos de refugiados más pequeños resultan mucho más manejables que las grandes aglomeraciones. Otra lección es la conveniencia de emplear a damnificados en tareas como la remoción de escombros a cambio de modestos salarios – una necesidad imperiosa en Haití, donde la mayoría de la población carece de empleos formales.

Mi propio país, Colombia, está expuesto a diversos tipos de amenazas naturales. En 1999 dos sismos destruyeron más de 100.000 edificios y dejaron sin techo a medio millón de personas en el Eje Cafetero, una región clave para la economía nacional. Aunque fue el peor desastre en la historia colombiana, el proceso de reconstrucción se completó en menos de cuatro años. La clave fue el mecanismo que adoptó el gobierno colombiano. En vez de utilizar las estructuras burocráticas, el gobierno seleccionó un grupo de universidades, cooperativas, grupos cívicos y asociaciones profesionales para administrar la reconstrucción. El papel del gobierno se limitó a la supervisión del proceso y la asignación de recursos, empleando apenas 120 funcionarios públicos. Así se reconstruyeron unas 130.000 viviendas dañadas y se edificaron casas nuevas para más de 16.000 familias que vivían en zonas de alto riesgo.

¿Qué papel puede jugar el BID? En el caso salvadoreño, ayudó a organizar una reunión de donantes que consiguió unos 1.300 millones de dólares en compromisos. En Colombia, el BID reorientó recursos de proyectos en marcha hacia tareas prioritarias como la reparación de infraestructura.

En Haití podemos cumplir un rol similar. El año pasado organizamos una reunión de donantes para el gobierno haitiano. Como la principal fuente de recursos multilaterales para ese país, el BID cuenta con una amplia cartera que puede aplicarse las tareas más urgentes para la reconstrucción. Ya hemos comunicado al gobierno que hay 90 millones de dólares que podrían ser rápidamente asignados a ese tipo de prioridades.

Adicionalmente, este año prevemos donar a Haití otros 128 millones de dólares, que podremos apalancar con recursos de otros donantes.

La Asamblea de Gobernadores del Banco, algunos de ellos acá presentes, discutirá un esquema para aliviar la deuda de US$441 millones que tiene Haití con el Banco. Vale la pena aclarar que el servicio de la deuda de Haití con el Banco en el período 2009-2011 ha sido cubierto con recursos de un fondo fiduciario financiado por Estados Unidos. Por este motivo, la deuda haitiana con el BID no le ha significado ningún egreso de fondos al país.

Para el BID, el enorme desafío de reconstruir Haití ya se pone en marcha. Ahora necesitamos el compromiso de nuestros países para una ardua tarea que insumirá varios años. La solidaridad de América Latina y del Caribe deberá mantenerse luego de que las desgarradoras imágenes del desastre desaparezcan de los medios de comunicación. Pero el esfuerzo valdrá la pena si logramos reconstruir una capital digna del orgullo haitiano.

CHILE

Quiero aprovechar también para destacar el ingreso de Chile a la OCDE. Esto reconocimiento es un motivo de orgullo para todos, un reconocimiento a una trayectoria, a una estabilidad y a una serie de políticas públicas serias y constantes.

POST-CRISIS

Retomando mi intervención original sobre los escenarios de post-crisis.
Durante el año pasado, América Latina y el Caribe no estuvieron aisladas del desempeño de la economía mundial. El deterioro de las condiciones internacionales y financieras significó para la región el fin del ciclo de expansión que había prevalecido en los últimos años.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en anteriores episodios de convulsión económica internacional, la respuesta en esta ocasión fue esencialmente anticíclica y efectiva, especialmente en países con bases económicas sólidas. Esto permitió que la región exhibiera una fortaleza sin precedentes frente a la crisis.

Como consecuencia de ello, el 2009 cierra con un buen balance para la región.
Hemos dejado atrás lo peor de la crisis económica internacional y miramos hacia delante con optimismo y cautela. Para 2010 se prevé que las tasas de crecimiento recobrarán un nivel saludable. No obstante, el ritmo de recuperación no será homogéneo en toda la región y dependerá de las circunstancias específicas de cada país.

Las expectativas son mejores para los países exportadores netos de productos básicos y energía en el Cono Sur y la Subregión Andina, pero lenta para Centroamérica y el Caribe por sus estrechos nexos con la economía estadounidense y la dependencia del turismo y las remesas.

Una consideración importante para numerosos países de la región será el momento de abandonar las políticas fiscales y monetarias expansionistas. Escoger el momento acertado será crucial, dado que una salida antes de tiempo podría truncar las perspectivas de recuperación, en tanto que una salida tardía podría llevar a un sobrecalentamiento.

Sin embargo, la región aún depende de factores externos, en particular el crecimiento internacional, los precios de los productos básicos y las condiciones financieras, y por ende el ritmo de la recuperación seguirá supeditado a la evolución de la economía mundial.

Aunque es aventurado hacer predicciones en cuanto al curso de recuperación de la economía mundial, está claro que el mundo que surja de la crisis será diferente, y ello tendrá implicaciones para la región. A este respecto se perfilan dos hipótesis.
Por una parte, cabe la posibilidad de una recuperación internacional más lenta de lo previsto, con tasas de interés reales altas en el futuro ante el temor de creciente inflación en los países industrializados y/o unas necesidades de financiamiento sin precedentes que podrían desplazar a los países en desarrollo. Lo anterior podría implicar condiciones de crédito más restrictivas para los mercados emergentes en el futuro próximo.

Ante esta eventualidad, convendría que los países afianzaran sus posiciones fiscales mientras persistan las actuales condiciones favorables en los mercados de capitales, y que la comunidad internacional procure ampliar e institucionalizar los mecanismos de apoyo que han sido tan fundamentales en esta ocasión para evitar problemas de liquidez en los países en desarrollo.

Sin embargo, también es posible que el nuevo equilibrio de la economía mundial acabe por desplazar el motor del crecimiento económico hacia los países emergentes, en particular los denominados “BRIC” (esto es, las economías dinámicas en desarrollo de Brasil, Rusia, India y China). Sin un consumidor de última instancia y un rendimiento bajo sobre el ahorro en los países industrializados, el exceso de ahorro mundial implica un bajo nivel de tasas reales de interés combinado con una amplia afluencia de capitales hacia los mercados emergentes.

En esta hipótesis, el desafío para la región consiste en gestionar acertadamente el auge de flujos capitales, lo que comprende adoptar una política fiscal y monetaria anticíclica más decisiva, conseguir superávit fiscales estructurales reduciendo la deuda pública hasta niveles seguros y canalizar el ahorro mundial hacia inversiones socialmente productivas.

Párrafo aparte merecen las situaciones particulares de las subregiones de Centro América y el Caribe, quizás las más vulnerables de la región frente a los coletazos de la crisis financiera mundial.

En el caso de Centro América, la vulnerabilidad es debido a los fuertes nexos que existen entre la actividad económica de la subregión y la economía estadounidense. A su vez, después de los Estados Unidos, los mayores socios comerciales son la Unión Europea y los propios países de la subregión. Por ende, una recuperación lenta en los Estados Unidos y Europa implica que la demanda externa de productos repuntará sólo gradualmente y que el desempleo podría seguir subiendo o, en todo caso, decrecer moderadamente, afectando las remesas. Asimismo, podría significar una reducción del turismo. Así pues, cualquier recuperación comenzará después que en el resto de América Latina y el Caribe y será de alcance moderado.

En esta situación, el mayor reto para la subregión será el de una gestión sostenible de las cuentas fiscales y externas gestionadas hasta ahora de forma prudente por los gobiernos. Asimismo, los países han obtenido distintos planes de asistencia de las instituciones financieras internacionales, incluido el BID. Para 2010, será importante perseverar en este esfuerzo.

La subregión del Caribe ha sido especialmente vulnerable a la crisis económica internacional porque varios países caribeños poseen actividades financieras intra/extra territoriales relativamente extensas y bastante avanzadas, por lo cual el fenómeno de la restricción crediticia global se transmitió directamente a los sistemas financieros locales, en algunos casos causando pérdidas y en otros, afectando los ingresos derivados de los servicios financieros.

La subregión también incluye varios países con importantes déficits en cuenta corriente financiados con abundantes flujos de inversiones extranjeras directas y de otras fuentes de capital. Además, los ingresos del turismo y las remesas son importantes elementos de la balanza de pagos que se vieron gravemente afectados por la recesión en los Estados Unidos y Europa. Para 2010, las perspectivas en la subregión siguen muy atadas a la recuperación de los países desarrollados, pero con matices. En varios países de la subregión, la situación de la deuda sigue siendo muy crítica, y su solución requiere de un esfuerzo compartido entre las autoridades locales y la comunidad internacional.

Habiendo dejado atrás, con suerte, el sentido de urgencia impuesto por la crisis, corresponde ahora a los responsables de la formulación de políticas dirigir nuevamente su atención hacia consideraciones estructurales.

En los últimos años, Latinoamérica y el Caribe en su conjunto han logrado impresionantes resultados en términos de reducción de la pobreza y mejoras del panorama social a lo largo y ancho de la región. El nuevo entorno económico que surja luego de la crisis tendrá sin duda como elemento fundamental una mayor competencia entre economías emergentes por un menor volumen de capital e inversiones extranjeras directas, y probablemente beneficiará a aquellos países que hayan adoptado robustas medidas de política social y laboral, tanto antes de la crisis como en respuesta a ella.

Como primera medida, es importante reconocer que algunos programas temporales de asistencia social introducidos durante la crisis deben ser efectivamente removidos una vez superado lo peor de la misma para evitar así perpetuar algunas distorsiones que estos pueden introducir en el mercado laboral.

Unas políticas eficaces de cohesión social y de reducción de la pobreza deben alentar la inversión en capital humano y promover potenciales ganancias futuras a nivel de productividad. En esta materia, la región ha abierto caminos. En particular, para combatir la pobreza estructural, la región ha dado origen a una de las modalidades más populares de transferencias focalizadas de ingresos, a saber, los programas de transferencias condicionadas de efectivo, cuya finalidad es brindar apoyo a los hogares en materia de ingresos fomentando al mismo tiempo la  inversión en capital humano, especialmente para las generaciones más jóvenes.

Estas intervenciones han de complementarse e integrarse con servicios de calidad en materia de nutrición, así como con programas de desarrollo de la primera infancia y sistemas de atención primaria de salud.

También las políticas educativas son sumamente importantes para consolidar el desarrollo social de la región. Es imperativo mejorar la calidad de los docentes para impulsar la formación de capital humano. Múltiples y variadas publicaciones especializadas coinciden en que, de todos los insumos asociados con los sistemas educativos, la calidad de los docentes es el más importante. En un gran número de países en desarrollo se precisa una profunda reforma de los sistemas nacionales de capacitación de maestros, así como de los mecanismos institucionales para captar y retener personal docente eficaz.

Con objeto de potenciar las habilidades productivas de la generación que accederá al mercado laboral en años venideros, los sistemas educativos deberán orientar los incentivos de las instituciones educativas y de los estudiantes a incrementar el rendimiento, más que a la asistencia a clase. Las inversiones a mediano plazo para mejorar la base del capital humano deben incluir acciones paralelas encaminadas a ampliar el acceso de los pobres a la enseñanza universitaria, reformar y modernizar la capacitación técnica, crear centros universitarios de base comunitaria o institutos técnicos terciarios vinculados con los servicios e industrias locales, y adaptar mejor los programas de estudios de la escuela secundaria a las competencias básicas requeridas en los mercados laborales, incluidas aptitudes de comunicación, pensamiento crítico, solución de problemas y trabajo en grupo.

Las intervenciones en el mercado laboral son otro elemento coadyuvante del desarrollo social, especialmente en el contexto de la crisis. Una de las consecuencias más patentes de una crisis es la pérdida de empleos.

La mayoría de los afectados pasarían a engrosar las filas de “nuevos pobres”, siendo el peligro más inmediato la formación de amplios segmentos de desempleados, que produce efectos colaterales en otros sectores, reduce la actividad económica y hace fuerte mella en la cohesión social. Numerosos países en desarrollo carecen aún de la flexibilidad suficiente para reintegrar amplios conjuntos de mano de obra al empleo productivo una vez superada la crisis; y muchos de ellos, especialmente en América Latina y el Caribe, no han introducido los cambios sistemáticos en el funcionamiento de sus mercados laborales —sus sistemas de capacitación, creación de empleo, formación de capital humano y normas laborales y de seguridad social— que les permitirían salir de esta crisis en condiciones competitivas más robustas.

En una hipótesis de bajo crecimiento mundial como la que se prevé para los años posteriores a la crisis, las economías en desarrollo sólo pueden generar más o mejores empleos, por medio de tres grupos de instrumentos: la asistencia a las empresas y su personal con el fin de mejorar su productividad; la modificación de los factores fundamentales sobre la manera en que el capital humano se protege, asigna y forma; y el cambio de los costos y beneficios relativos del empleo formal frente al informal para empresas y trabajadores, adoptando medidas estructurales de reducción de costos laborales en el sector formal para incrementar la productividad y el crecimiento a la vez de ampliar el alcance del sistema de seguridad social.

En los últimos 15 años, los países de América Latina y el Caribe han ostentado avances en sus indicadores económicos y sociales. No obstante, desde una perspectiva más amplia, el crecimiento en la región ha estado a la zaga del de otras regiones emergentes y, a diferencia de lo que se suele creer, ello no obedece necesariamente a una baja tasa de inversión.

La productividad baja y lenta, antes que los impedimentos a la acumulación de factores, ofrece una mejor explicación para el bajo nivel de ingresos de América Latina en comparación con las economías desarrolladas y su estancamiento en relación con otros países en desarrollo de actuación más dinámica.

Según estimaciones de los estudios de investigación, la productividad de América Latina no es de sino la mitad de su nivel potencial y no está acortando distancias con los niveles de frontera. Si la brecha de productividad con respecto a la frontera se cerrara, ello de hecho cerraría la mayor parte de la brecha de ingreso per cápita con respecto a los países desarrollados.

Desde una óptica comparativa a escala mundial, un aumento de productividad más lento es responsable de la lentitud del crecimiento en América Latina. Para una región que clama por crecer, diagnosticar las causas de esa productividad deficiente y atacar sus raíces constituye una gran prioridad de desarrollo.

Es por ello que el Banco Interamericano de Desarrollo ha dedicado el número de este año de su publicación bandera —Desarrollo en las Américas— al estudio de la baja productividad que actúa de lastre para la región. El cuadro que surge es el de una región poseedora de unas pocas firmas muy productivas y muchas de productividad extremadamente baja; en este sentido, un desafío que la región tiene ante sí es el de incrementar su proporción de firmas de nivel de productividad mediano. Con sólo aumentar el número de dichas firmas — sin modificar la productividad de ninguna de ellas a título individual— se podría duplicar la productividad global, lo cual constituiría un impulso suficientemente fuerte para cerrar la brecha con la frontera de productividad. Esta no es sino una de las conclusiones de dicho volumen que constituye un reto para repensar la actual política en la región.

Pasando a otro ámbito, el libro señala al sector de servicios —especialmente el gran subsector de servicios minoristas— como el principal responsable de los problemas de productividad de la región. Si bien en el área agropecuaria la productividad de hecho ha crecido a un ritmo saludable, el porcentaje de la fuerza laboral que sigue dedicado a las actividades agrícolas es relativamente pequeño. Y si bien la productividad en el sector industrial se ha estancado, el número de trabajadores ocupados en dicho sector también ha bajado.

Eso deja al sector de servicios, que es el más improductivo y aquel en el cual está empleada la gran mayoría de la fuerza laboral, lo cual acarrea consecuencias devastadoras para la productividad global. De ello se desprende que una estrategia de crecimiento centrada en el aumento de las exportaciones representa una solución en el mejor de los casos incompleta y en el peor de los casos equivocada; un método mejor, más fructífero, podría ser el de impulsar los grandes sectores de servicios no comercializables.

Las causas de la baja productividad que aqueja a la región son múltiples y variadas. Las altas tasas de informalidad protegen a las firmas pequeñas e ineficientes de la competencia planteada por empresas mejores y más productivas. Algunas políticas sociales concebidas con las mejores intenciones terminan teniendo resultados no buscados a nivel de la productividad porque de hecho empujan a más y más personas hacia actividades poco productivas.

Los altos costos del transporte, la falta de crédito, la inestabilidad macroeconómica, los regímenes impositivos discriminatorios, la falta de innovación y unas políticas de desarrollo productivo insuficientes o mal diseñadas son todos factores que han contribuido a frenar el aumento de la productividad en la región.

Identificar los impedimentos al crecimiento de la productividad es relativamente fácil. Mucho más difícil es diseñar y aplicar un conjunto coherente de políticas para liberar el potencial productivo de un país. Este informe hace una valiosa contribución en ese sentido, al ofrecer sugerencias basadas en un diagnóstico lúcido y en ocasiones revelador que osa ir a contracorriente de las verdades convencionales.

En conclusión, Latinoamérica y el Caribe se encuentran en un momento de inflexión: dejamos atrás lo peor de la crisis, tenemos por delante un importante número de desafíos estructurales. En este momento es fundamental visualizar que las respuestas de política pública a los desafíos de corto plazo, son, al mismo tiempo, oportunidades para profundizar las tareas que se deben acometer más allá de la etapa del ciclo económico en que nos encontramos.

En tal sentido, debemos dirigir nuevamente la atención hacia consideraciones estructurales. La región aún tiene ante sí desafíos importantes como la persistencia de amplios niveles de pobreza y la informalidad, las deficiencias en la provisión de bienes públicos (como seguridad, electricidad, transporte, etc.), la pérdida de competitividad en el sector manufacturero, la necesidad de desarrollar nuevos espacios de ventaja comparativa, la baja productividad, la dependencia con respecto a las exportaciones de productos básicos y la reforma de las instituciones fiscales. El BID se ha comprometido a trabajar de común acuerdo con las autoridades locales para alcanzar los objetivos fundamentales de impulsar el desarrollo sostenible y combatir la pobreza en la región.