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Discursos

10-dic-2006

Conferencia de responsabilidad social de la empresa: “Un buen negocio para todos”

Salvador de Bahía, Brasil

Es un honor y un placer estar en esta bella ciudad para participar en este importante evento.

Me entusiasma mucho el título de esta conferencia, Un Buen Negocio Para Todos, porque estoy convencido que en América Latina debemos trabajar con visión empresarial para cerrar las grandes brechas económicas y sociales de nuestra región.

Justamente esta idea inspira una iniciativa que lanzamos este año en el BID, Oportunidades para la Mayoría, cuyo propósito es brindarle a las personas de escasos recursos de nuestra región las herramientas que necesitan para apalancar su trabajo y sus activos, y participar de lleno en los beneficios de la economía moderna. Estamos hablando de hacer cosas a gran escala: masificar el acceso al crédito, a la vivienda, a infraestructura básica, a capacitación laboral y a oportunidades para crecer como empresarios. Pero volveré a este tema un poco más adelante.

Sin duda alguna el Instituto ETHOS ha sido líder y pionero en Brasil y a nivel mundial en la difusión de la importancia  de la responsabilidad social de la empresa. Han logrado ampliar su alcance más allá de las corporaciones y lograr que se vincule con las políticas públicas. Un reflejo de su impacto es el hecho de que otro de nuestros anfitriones, la Federación de Industrias del Estado de Bahía, realizó hace poco una encuesta entre empresas bahianas de todos los tamaños y encontró un creciente compromiso con la causa de la responsabilidad social.

Aquí mismo en Bahía ya hay excelentes ciudadanos corporativos. En todos los lugares del mundo donde realizan grandes obras, la constructora Odebrecht también hace destacables contribuciones sociales, edificando escuelas, reparando hospitales, o incorporando a personas con discapacidades en sus proyectos.

Coelba está desarrollando el programa Luz Para Todos, que llevará el servicio eléctrico a centenares de miles de familias en las comunidades más pobres y más aisladas del estado. Esa iniciativa ha generado más de 8.000 empleos directos, entre ellos unos 1.800 puestos en 12 fábricas de postes de luz.

En algunos sectores la responsabilidad social de la empresa ya no se practica solamente para preservar la imagen corporativa o para motivar a sus empleados—sino porque puede marcar la diferencia entre ganar o perder un buen negocio.

La división Latinoamericana de Nestlé, por ejemplo, cuenta con 850 agrónomos que proporcionan asesoramiento directo a los agricultores que le proveen leche, cacao y café. El objetivo de la empresa es fortalecer la cadena de valor de cada uno de sus insumos, asegurando que las prácticas de los agricultores sean ambientalmente sustentables y proporcionándoles los recursos para mejorar la calidad y productividad.

En Colombia, Nestlé trabajó con ganaderos locales para perfeccionar nuevas fórmulas de alimento para vacas lecheras. Como resultado la producción promedio de cada animal aumentó por cuatro litros. Un caso clarísimo de beneficios mutuos.

Se ha hablado mucho sobre las actividades de Starbucks, la principal cadena de cafés del mundo. Para mí, lo más interesante de ese caso es la creación de un sistema voluntario de incentivos para pequeños productores.  El sistema parte de una evaluación con 28 indicadores para medir la sostenibilidad en los distintos eslabones de la cadena del café. Dependiendo del puntaje que obtiene un proveedor, la empresa le asigna niveles de preferencia para sus compras de café, le paga precios más altos, y le brinda asistencia técnica y acceso al crédito. Hoy, Starbucks y el BID están financiando un programa para extender este modelo en Centroamérica.

Sin duda a estas y otras compañías con grandes programas de responsabilidad social les va bien porque están profundamente comprometidas con hacer el bien. Y debemos felicitarlos por sus contribuciones al bienestar de nuestras sociedades.

Pero estas iniciativas suelen tener un impacto limitado a su área de influencia, como puede ser la construcción de una escuela para los hijos de los trabajadores en una gran finca de café. Además, no siempre cobijan a los pequeños productores, quienes carecen de recursos para brindar beneficios similares a sus trabajadores, por buenas que sean sus intenciones. Y en muchos de nuestros países son los pequeños productores quienes emplean a la mayoría de las personas.

La pregunta, entonces, es cómo llevar a una mayor escala las iniciativas que han mostrado capacidad para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas más pobres?

No cabe duda que el Estado, dentro de su responsabilidad primordial de combatir la pobreza, puede ofrecer esa escala. Y es motivo de optimismo que en la actualidad tengamos programas sociales que rinden resultados, como Bolsa Familia en Brasil y Oportunidades en México. Ambos usan subsidios condicionados para estimular a las familias más pobres a mantener a sus hijos en la escuela, llevarlos a revisiones médicas y mejorar su nutrición.

El BID tiene el orgullo de apoyar ambas iniciativas y de aprovechar sus experiencias para compartirlas con otros países. Pero así como Bolsa Familia y Oportunidades se destacan por su escala y continuidad, también abundan ejemplos de servicios sociales donde el sector público no ha demostrado capacidad de cumplir eficientemente con su misión.

Un ejempl recientemente un diario estadounidense publicó una nota sobre los programas de alfabetización y aritmética que algunas empresas brasileñas ofrecen a sus empleados. Lo preocupante es que muchos de esos trabajadores se graduaron de la escuela secundaria. Sin embargo, tienen que participar en estos programas porque no pueden llenar un simple formulario. Claramente la educación pública les falló a esos ciudadanos.

Por eso no podemos esperar de brazos cruzados a que el Estado lo haga todo. Y es por ello que creo que el sector privado es un aliado indispensable en la lucha contra la pobreza y la exclusión en América Latina. Sólo el sector privado reúne la escala para atender las necesidades de grandes cantidades de gente, los incentivos y capacidad de gestión para hacerlo eficientemente, y la visión de largo plazo para asegurar la continuidad de las iniciativas en el tiempo.

Quizás sea hora de ampliar nuestra visión de la responsabilidad social de la empresa para abarcar también a quienes hacen buenos negocios con las personas pobres, brindándoles acceso a productos y servicios que de otro modo nunca podrían disfrutar.

Me refiero a casos como el programa Patrimonio Hoy de CEMEX, la cementara mexicana. Mediante círculos de ahorro previo, CEMEX facilita la compra de materiales y brinda asistencia técnica a personas muy humildes que construyen sus propias viviendas.

Tradicionalmente, esas casas se hacen de a una bolsa de cemento por vez, cuando el dueño consigue suficiente dinero para comprarla. A ese paso, tardan años y años. Pero con este innovador programa, CEMEX a través de su red de distribuidores ha ayudado a casi 100.000 familias mexicanas a terminar sus casas más rápidamente, a menores costos y con una mejor calidad de construcción.

En el BID nos entusiasma la posibilidad de aliarnos con cementeras en toda la región para multiplicar esta experiencia y llegar a millones de familias latinoamericanas mediante la iniciativa Oportunidades para la Mayoría.

Es más, creo que el sector privado latinoamericano debería animarse a entrar en sectores controversiales, como los servicios de agua potable y saneamiento. No podemos ignorar que hay empresas estatales en nuestra región que no alcanzan a cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Ampliar su cobertura para llegar a los hogares más pobres es un sueño imposible. Sin embargo, unos 75 millones de latinoamericanos aún carecen de acceso a agua potable y 116 millones no tienen servicios de saneamiento adecuados.

Pero veamos el caso de SABESP, la compañía de capital mixto que provee servicios de agua potable y saneamiento en el estado de Sao Paulo. Esta empresa genera millonarias utilidades y rinde buenos dividendos para sus accionistas. No siempre fue una historia de éxito. Pero en los años 90 salió de una crisis financiera para convertirse en una empresa descentralizada, eficiente y orientada al logro de resultados, capaz de conseguir recursos en los mercados financieros para invertir en la ampliación de su infraestructura. Hoy brinda servicios a más de 25 millones de personas—muchas de ellas de bajos ingresos.

Podría decirse que SABESP tiene éxito porque opera en el estado más rico de la mayor economía latinoamericana. Pero permítanme ofrecerles un ejemplo de mi país, Colombia.

En los años 90, los servicios de agua y alcantarillado de Cartagena y Barranquilla, las dos principales ciudades de la costa atlántica colombiana, estaban en una situación de colapso. Había un millón de personas sin agua. Las demás tenían servicio apenas unas horas al día. Las autoridades locales decidieron crear empresas de capital mixto para resolver el problema. Las municipalidades retuvieron el control accionario y proporcionaron capital de inversión, pero la operación del servicio fue delegada a empresas privadas con experiencia en el tema.

Hoy, gracias a la buena gestión de esos operadores, 98% de la población de Cartagena y Barranquilla tiene agua potable las 24 horas del día. Casi 90% tiene acceso al alcantarillado sanitario. Esto en una zona donde el 70% de la población es pobre.

Ofrecer un buen servicio en tales condiciones es difícil y poco rentable, porque las tarifas de agua están reguladas por el Estado. Sin embargo, hoy en Colombia hay más de 100 empresas, algunas de ellas muy pequeñas, que proporcionan servicios de agua potable y saneamiento en zonas de bajos ingresos con el apoyo de las autoridades municipales.

Menciono estos casos porque como todos sabemos, la participación del sector privado en los servicios de agua y saneamiento sigue siendo polémica. Pero nuestros gobiernos jamás podrán cerrar por sí solos las grandes brechas en la cobertura si no aprovechan la capacidad y los recursos del sector privado.

Esto es cierto para el agua—pero también para la electricidad, el transporte público, las microfinanzas y otros servicios donde el sector privado ha demostrado que puede brindar soluciones confiables y eficientes.

Los bancos latinoamericanos, por ejemplo, podrían hacer mucho más para apalancar los 60 mil millones de dólares en remesas que llegan a la región cada año.

Estas transferencias deberían convertirse en el punto de entrada al sistema financiero para personas que aun viven en la informalidad. En Ecuador,  por ejemplo, varios bancos compiten por ofrecer servicios adicionales como cuentas de ahorro, seguros y préstamos de vivienda a los receptores de remesas.

En Sudáfrica y en Filipinas, millones de personas de bajos ingresos usan sus teléfonos celulares como bancos ambulantes, procesando remesas, transfiriendo fondos y pagando cuentas sin manejar efectivo.

Aquí en Brasil, una empresa de software desarrolló un sistema que permite que más de 10 millones de personas en Sao Paulo tengan acceso seguro e instantáneo a su historial médico por medio de Internet, incluso en pequeñas clínicas en sectores marginales.

Estas empresas innovadoras, que aplican la tecnología para mejorar la cobertura y la calidad de servicios para consumidores de bajos ingresos, quizás sean la próxima frontera de la responsabilidad social de la empresa.

Estos son los grandes retos que debemos enfrentar, si es que América Latina ha de alcanzar un desarrollo duradero y equitativo. El Estado y la sociedad civil tienen una gran responsabilidad en esta misión. Pero el sector privado, con su visión emprendedora, capacidad organizativa y empeño en lograr resultados, también debe ser un protagonista.

El BID está listo para trabajar con ustedes. Queremos conocer sus ideas y esperamos que nos ayuden a mejorar las nuestras. Muchas gracias.

 

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