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Artículos

07-nov-2012

Más transparencia para tener menos corrupción

¿Qué tienen en común la industria petrolera de Ecuador, la biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el mercado hipotecario de Colombia y los Tribunales de Cuentas de los estados y municipios brasileños?

La respuesta es que han sido beneficiados de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mejoran el acceso a la información y la transparencia para promover un sector público más eficiente y menos corrupto. La transparencia en las instituciones públicas como mecanismo para hacer frente a los desafíos de la corrupción es uno de los temas de discusión en la 15ª Conferencia Internacional Anti-Corrupción (IACC), que se realiza a partir de hoy en Brasilia.

La corrupción es un problema grave que acecha al desarrollo económico y social, y a la democracia en nuestra región. Casi la mitad de los latinoamericanos creen que lo que le falta a la democracia es reducir la corrupción. Un 44 por ciento han pagado sobornos para acelerar un trámite público.

“La transparencia transforma la cultura burocrática al introducir contrapesos para la discrecionalidad”, dijo Carlos Santiso, el jefe de la División de la Capacidad Institucional del Estado del BID. ”Mejora la eficiencia y disminuye las posibilidades de fraude y corrupción en la gestión administrativa, al reducir pasos y trámites y maximizar el uso de nuevas tecnologías”.

El BID tiene una cartera activa aprobada y en ejecución de más de US$800 millones en préstamos para mejorar la gestión pública y ha otorgado donaciones por aproximadamente US$70 millones. Esto significa que tiene operaciones en 23 países, ofreciendo una amplia gama de instrumentos y alternativas, desde una red de expertos hasta una óptica multidisciplinaria.

El trabajo del BID, en la promoción de instituciones que operen con transparencia y rendición de cuentas, se ha enfocado en cinco áreas:

  • Transparencia focalizada, acceso a la información y gobierno abierto; para lo cual el uso de la tecnología apalanca y potencializa los esfuerzos, como fue el caso del diseño y aplicación de estándares de transparencia en la información extractiva en Ecuador.
  • El mejoramiento de instancias y procesos de control del gobierno, incluyendo el rol fiscalizador del poder legislativo. El BID ha trabajado con entidades fiscalizadoras en Chile, Guyana, Nicaragua y Haití, y ha ayudado la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile para que pueda mejor atender las consultas de legisladores y público en general.
  • La elaboración e implementación de políticas, estrategias y planes de acción, como es el caso de un programa nacional de prevención y control de la corrupción en El Salvador.
  • La promoción de una mayor participación de la sociedad civil en proceso de rendición de cuentas, como es el caso del Ministerio de la Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en Bolivia y el proyecto por US$40 millones para fortalecer los Tribunales de Cuentas de los estados y municipios brasileños. Ambos incluyen componentes que ponen más información sobre gasto público a disposición del ciudadano.
  • La realización de instrumentos de diagnóstico y metodologías como el Indice para la Medición de la Institucionalidad contra la Corrupción (IMIC) y la Metodología para el diagnóstico, prevención y control de la corrupción en programas de seguridad ciudadana.

En varios casos, pequeños montos tienen grandes impactos, como fue el caso en Haití. En el 2004, el BID realizó una donación por US$500.000 para revisar el marco legal contra la corrupción, formular un plan de acción para promover la transparencia pública y equipar una nueva Unidad de Lucha Contra la Corrupción. La nueva unidad ha investigado casos emblemáticos, logrando la sanción de varios funcionarios y en algunos casos su encarcelación. Ha recuperado millones de gourdes que eran desviados de programas de educación y en instancias de la administración de seguros, entre otros ejemplos.

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María José Jarquin
Especialista de Modernización de Estado del BID
mariajosej@iadb.org

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