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Artículos

19-mar-2003

Los pueblos indígenas y la ley

Los participantes en un seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas aplauden los avances alcanzados en la legislación para la protección de los mismos, pero advierten que aún queda mucho por hacer para lograr que entren en vigor

Desde principios de la década pasada los pueblos indígenas de las Américas han realizado avances importantes en lo que se refiere a la aprobación y puesta en vigencia de nueva legislación y jurisprudencia; han logrado tener una mayor representación en el gobierno nacional, más autonomía y el apoyo de la comunidad internacional.

Recientemente el BID auspició en su sede de Washington, D.C., un seminario intitulado “Los derechos indígenas y la legislación en América Latina: Adelantos y desafíos”. En ese seminario, realizado inmediatamente después de una reunión del Grupo de Trabajo de la OEA sobre el borrador de la Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, se analizaron los avances logrados en la legislación y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional y se examinaron las áreas en que los avances se han demorado.

El derecho a la autodeterminación

De acuerdo con las declaraciones del Dr. Osvaldo Kreimer, asesor especial del secretario general de la OEA para asuntos indígenas, uno de los adelantos más importantes que han logrado los pueblos indígenas se relaciona con el derecho a la autodeterminación.

Kreimer expresó que “la autodeterminación se refiere al derecho [de los pueblos indígenas] a determinar su propia organización y desarrollo. Aquella incluye muchas áreas, desde el uso de la tierra y los recursos naturales, el desarrollo cultural y la participación en la política y la democracia, hasta asuntos prácticos como la educación, el cuidado de la salud y el desarrollo económico.”

Fanny Kuiri Castro, asesora legal de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), señaló que se han logrado avances en el área de la autodeterminación. Dijo que en Colombia “los pueblos indígenas cuentan con sus propios mecanismos para administrar la cobertura médica en sus territorios. En el ambiente político contamos con dos senadores que tienen un estado especial en el Senado”, toda vez que necesitan menos votos para ser electos. “También contamos con un representante, así como con otros [indígenas] que han sido electos congresistas a través de los procedimientos habituales”, agregó Kuiri.

La autodeterminación vs. la legislación nacional

Kreimer resaltó que para que los pueblos indígenas se autogobiernen, las constituciones y leyes nacionales deben contener disposiciones que garanticen sus derechos, y agregó que en los últimos años se ha avanzado significativamente en convencer a los gobiernos nacionales para que hagan las reformas correspondientes.

Enfatizó que el derecho a la autodeterminación no implica que los pueblos indígenas tengan autoridad para violar las leyes nacionales de los países soberanos. “Los sistemas legales nacionales reconocen a los sistemas [legales] de los pueblos indígenas siempre y cuando no infrinjan las leyes nacionales”, Kreimer expresó.

Kreimer agregó que otorgar autonomía a los pueblos indígenas no representa ningún riesgo para la organización política de un país. “El hecho es que el Estado no se entromete en muchas áreas indígenas. La realidad política demuestra que otorgar autonomía a los pueblos indígenas de hecho refuerza el poder político del Estado y la democracia, siempre y cuando se asuma que existe una buena relación entre el Estado y la población indígena.”

El banco de datos del BID sobre la legislación indígena

Las naciones soberanas incorporan cada vez más nuevas leyes que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. El BID apoya a las comunidades indígenas a través del banco de datos sobre la legislación indígena que fue creado por su Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, entidad que realiza el seguimiento de las leyes a nivel nacional que afectan a los pueblos indígenas de las Américas. El personal del BID utiliza ese banco de datos como herramienta para prestar asistencia en la labor estratégica y operativa de la institución. El banco de datos también se encuentra a disposición del público en la página web del BID.

El banco de datos presenta el estado de la legislación indígena en América Latina en una manera que hace posible comparar las leyes de un país con las de otros países o efectuar comparaciones entre las leyes nacionales por tema. Contiene información sobre 20 países e incorpora 22 temas, desde la diversidad cultural, la identidad indígena y los idiomas hasta los narcóticos, los derechos económicos y el registro civil.

Las regulaciones y su puesta en vigencia

Los participantes en el seminario observaron que aún cuando se han realizado muchos adelantos en relación con la incorporación de nuevas leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, el hecho de contar con leyes en los libros no garantiza esos derechos; los países también deben establecer regulaciones e implementar las leyes.

La Sra. Lottie Cunningham, coordinadora regional del Grupo Jurídico de Derechos Humanos en Nicaragua, señaló que su país aprobó una nueva ley en enero de 2003 por medio de la cual garantizó los derechos de los pueblos indígenas a participar en el proceso de demarcación y deslinde de tierras. “Nosotros [los pueblos indígenas] hemos tenido mucho éxito en principio; hemos obtenido un 80 por ciento de lo que propusimos a través de esa legislación nacional.”

Sin embargo, expresó su descontento porque a pesar de que Nicaragua tiene un gran número de leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas en los libros, existen barreras que impiden su implementación. “Uno de los desafíos consiste en la falta de recursos económicos para implementar la ley. Tampoco existen regulaciones a nivel interno”, dijo Cunningham.

“Las regulaciones representan un mecanismo importante para implementar leyes que protejan los derechos de los pueblos indígenas. Otro desafío para la puesta en práctica de la legislación es que no se ha fortalecido a las estructuras institucionales a nivel regional”, agregó Cunningham. “Quiero que el BID sepa que se necesitan recursos para fortalecer a las instituciones a nivel regional.”

Fanny Kuiri, de la OPIAC, coincidió en que es necesario reforzar la entrada en vigor de esa legislación. Kuiri agregó que “en la actualidad Colombia tiene 70 artículos en su constitución vinculados directamente a los pueblos indígenas, incluyendo disposiciones que protegen los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, y 43 leyes a nivel nacional; pero no cuenta con las regulaciones que necesita para implementar esas leyes”.

Kuiri también citó varios ejemplos de áreas que necesitan de fortalecimiento regulatorio. “A pesar de la ausencia de legislación que la apoye, se ha adoptado la etnoeducación; existen problemas para implementar las leyes referentes a la administración de las tierras, y no se ha implementado la ley sobre la administración de justicia.”

El apoyo del BID para los pueblos indígenas

En 1994, los pueblos indígenas y sus derechos se transformaron en un área clave de las actividades del BID. En cuanto a los asuntos indígenas, el Directorio Ejecutivo emitió un mandato para concentrar esfuerzos de manera proactiva como parte del ejercicio de la Octava Reposición de Recursos del BID.

El Banco ha seguido el mandato al asegurar que los proyectos financiados en las áreas donde habitan los pueblos indígenas tengan los componentes necesarios para apoyar a sus comunidades. El subgerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, Sr. Christof Kuechemann, declaró que “en 2002 un 20 por ciento de las operaciones [financiadas por el BID] incluyeron actividades específicas para el apoyo a los pueblos indígenas”.

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