Programa de Administración Financiera Integrada. Mediante el Programa de Administración Financiera Integrada (1093/OC-DR), el Banco se encuentra apoyando un esfuerzo ambicioso del Gobierno de transparentar la utilización de los recursos del Erario Público. El Programa está siendo ejecutado por una Comisión Técnica Interinstitucional, presidida por la Secretaría de Finanzas y, la participación del Secretario Técnico de la Presidencia así como del Contralor General de la República.

Los componentes más notables corresponden a la programación y presupuesto, bajo el cual se está estableciendo un sistema de centralizado normativamente, pero descentralizado operativamente en las distintas entidades públicas, que permita una adecuada formulación, ejecución y seguimiento del presupuesto nacional; y al crédito público, el cual se encuentra estableciendo un sistema coordinado entre la Secretaría de Finanzas, el Secretariado Técnico de la Presidencia y el Banco Central de la República.

Modernización de la Jurisdicción de Tierras. En el marco de las reformas institucionales, el Banco está apoyando la transformación de la jurisdicción de tierras en la República Dominicana, dentro de la Suprema Corte de Justicia. La institución responsable de esta jurisdicción es el Tribunal Superior de Tierras, cuya operatividad data de la primera mitad del siglo pasado y está mejorando su capacidad para responder eficazmente al volumen de operaciones que debe manejar ante una economía con el nivel de crecimiento de la dominicana.

El Programa para la Modernización de la Jurisdicción de Tierras está produciendo cambios en el marco jurídico e institucional que están mejorando la calidad del servicio que ofrece la jurisdicción. En este sentido se han elaborado varios reglamentos y una nueva ley que entraría en vigencia durante el 2002. Asimismo, se están implantando tecnologías modernas que permiten más precisión y agilidad en los trabajos. De igual manera, la infraestructura se mejorará y adaptará para que esté en condiciones de recibir los cambios estructurales y tecnológicos.

Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. En el ámbito de la modernización institucional se ha venido desarrollando también un proceso de reformas sostenidas, con cambios importantes en las normas legales de jerarquía constitucional, orientadas fundamentalmente al fortalecimiento del Poder Legislativo y la Cámara de Cuentas. Actualmente se encuentra en etapa inicial un programa de modernización de apoyo a ambas entidades.

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. La República Dominicana se encuentra en un proceso de transición política, hacia el fortalecimiento de la democracia. En ese proceso de redefinición del rol del Estado y sus relaciones, se han abierto mayores espacios para la iniciativa privada y para una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), tanto en la formulación de políticas como en la provisión de servicios públicos.

Desde 1997, el Banco ha venido apoyando un proceso innovador de fortalecimiento de las OSC. Específicamente, a través del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) se ha impulsado un esfuerzo integrado por las OSC dominicanas a fin de fortalecer su interacción institucional, su relación con el Estado y sus niveles de participación. Estas acciones convertidas en una estrategia del Banco para el país, han sido apoyadas a través de las Cooperaciones Técnicas No Reembolsables ATN/SF-6142-DR, ATN/SF-7247-DR y ATN/SF-7744-DR. Dicha estrategia abarcó un diagnóstico institucional y normativo, el diseño del marco legal para la regulación, participación y fomento de las OSC y en una última etapa iniciada en marzo del 2002, un programa de capacitación de amplio alcance y el fortalecimiento de dos espacios de relacionamiento estado-sociedad civil, creados mediante decretos 407-01 y 466-01.

Dentro de los logros, se destacan sensibilización de más de 200 funcionarios públicos y más de 600 OSC participando en el proceso; formulación de 3 propuestas de ley sobre regulación, participación y fomento de las OSC; introducción de la propuesta de ley de regulación al Congreso Nacional y apoyo a la creación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Gabinete Social (Decreto 466-01) y al Consejo de Seguimiento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (Decreto 407-01).