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Unas
190 obras comunitarias prioritarias
han sido y están siendo
implementadas, con una inversión de
casi 100 millones de pesos, en la
región Nordeste, en el marco del
Programa de fortalecimiento de sus
cinco provincias.
Ese programa piloto financiado por
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), las comunidades y
sus ayuntamientos, tienen un balance
total en ejecución, hasta el 15 de
marzo del 2004, de un 90.6 por
ciento.
El BID aporta un 85 por ciento de
los recursos, las comunidades de las
provincias Salcedo, Duarte, Sánchez
Ramírez, María Trinidad Sánchez y
Samaná, un 10 por ciento en mano de
obra no especializada, y sus
ayuntamientos un 5 por ciento.

Los objetivos del programa son
ensayar un modelo de planificación
provincial, fortalecer la capacidad
de las oficinas de planificación
provinciales y financiar inversiones
en servicios básicos.
Los proyectos de referencia son
construcción y reparación de
escuelas, centros comunales,
acueductos y clínicas rurales;
instalaciones deportivas, puentes;
electrificación y saneamiento básico,
como letrinización, encache de
cañadas, reparación de viviendas,
aceras y contenes, entre otros.
El Programa de Fortalecimiento de
las Provincias de la Región Nordeste
arroja una experiencia local
positiva como proceso de
planificación participativa. Está
siendo ejecutado por la Oficina
Nacional de Planificación,
dependencia del Secretariado Técnico
de la Presidencia, y se revela como
un
modelo de continuidad del Estado, en
vista de que ha sido respaldado por
diferentes períodos de gobiernos.
El presupuesto proyectado asciende a
98,716,869.50, y el ejecutado a
88,906,808.14, lo que representa el
90.06 por ciento de implementación. |

Una característica de este programa
es la planificación participativa.
Comenzó con cerca de 150 asambleas
en mil parajes y barrios, en los
cuales participaron más de 50 mil
personas, concluyó con la aprobación
de los planes de inversión
provincial por los Consejos
Provinciales de Desarrollo, y su
ratificación por el Consejo
Directivo del proyecto.
Esta modalidad empezó en diciembre
de 1999, con el diseño de los
manuales y guías del proceso, así
como con el entrenamiento de mil
promotoras de salud y líderes
comunitarios en toda la región.
En estas asambleas de sección y
bloques de barrios, los delegados
comunitarios priorizaron 800
proyectos. Sus principales
necesidades se centraron en la
educación, agua potable, saneamiento
básico y salud.
Junto a los delegados comunitarios,
autoridades municipales y
provinciales, aprobaron los planes
de inversión municipal, con los
proyectos a ser ejecutados con el
financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
y aportes municipal y comunitario.
A 6 meses de iniciado el proceso de
planificación, el Consejo Provincial
de Desarrollo de cada provincia
acogió el Plan Provincial de
Inversión, que incluía escuelas,
acueductos, centros comunales,
saneamiento básico, reparación de
viviendas, electrificación rural,
canchas deportivas, plays de béisbol,
puentes peatonales y clínicas
rurales, entre otros.
La mayoría de los proyectos han
estado a cargo de ingenieros
contratistas del mismo municipio
donde se realizan. Estas han sido
asignadas, bajo criterio técnico,
por el Consejo Directivo compuesto
por autoridades locales y
representantes de la sociedad
civil.
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