PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRIMERA ETAPA

PRESTATARIO:

República de Panamá

ORGANISMOS

EJECUTORES:

Organo Judicial (OJ), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de la Administración (PA)

MONTO Y FUENTE:

BID/OC: US$18,9 millones

Aporte local: US$ 8,1 millones

Total: US$27,0 millones

PLAZOS Y

CONDICIONES

FINANCIERAS:

Plazo de amortización: 25 años

Período de desembolso: 3,5 años

Tipo de interés: variable

Inspección y vigilancia: 1,0%

Comisión de crédito: 0,75%

Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América

OBJETIVOS:

El Programa busca mejorar la calidad de los servicios jurídicos y judiciales del país, a fin de fortalecer la vigencia efectiva del Estado de Derecho. El logro de este objetivo es de largo alcance, por lo que la presente operación constituye una primera etapa.

Para el logro de este objetivo el Programa se ha dividido en dos subprogramas cuyos objetivos específicos son los siguientes:

a. El objetivo del Subprograma A consiste en apoyar al país en el mejoramiento de su sistema judicial, a fin de agilizar su tiempo de respuesta, garantizar el cumplimiento del debido proceso de ley y disminuir las barreras de acceso ciudadano.

b. El objetivo del Subprograma B es apoyar al país en el mejoramiento de la calidad, eficiencia y transparencia de los actos y procedimientos legales de la administración pública, a fin de mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

DESCRIPCION:

La operación propuesta constituye una primera etapa en la que se realizarían actividades cuya implantación a nivel nacional es viable en el corto plazo y otras actividades que, por su complejidad y costo, se desarrollarían con la ejecución de dos modelos de gestión y reorganización judicial a nivel urbano y rural en dos circuitos judiciales determinados, dejando para una segunda etapa su aplicación y réplica para el resto del país.

El Subprograma A (US$19.340.000) incluye los siguientes componentes: (i) descongestión judicial; (ii) gestión y planificación estratégica; (iii) capacitación y carrera judicial; (iv) reorganización y gestión de los servicios judiciales (US$12.390.000); (v) fortalecimiento de la capacidad investigativa de la PGN; (vi) modificaciones procesales y de acceso a la justicia; y (vii) participación ciudadana.

El Subprograma B (US$1.567.000) incluye los siguientes componentes: (i) redefinición institucional de la PA; (ii) plan sobre ampliación de cobertura de los servicios; (iii) capacitación del personal; (iv) automatización de procesos de gestión; (v) reforma de la normativa administrativa; y (vi) capacitación legal de funcionarios públicos.

REVISION

AMBIENTAL/SOCIAL:

No fue requerida una evaluación de impacto ambiental. Las recomendaciones de carácter ambiental y social se ven reflejadas en los párrafos 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 3.20, 4.10, 4.14, 4.15 y 4.16.

BENEFICIOS:

El Programa constituye un elemento central de aporte al Estado de Derecho y al proceso de consolidación democrática: (i) al fortalecer el sistema de ejecutoriedad de las leyes, lo que constituye un elemento fundamental de las políticas públicas y condición esencial de igualdad ante la ley; (ii) al reducir los costos de transacción en materia económica; y (iii) respecto a la legalidad de los actos de la administración, al apoyar a la institución encargada de velar por la juricidad de los mismos.

Además, el Programa procurará proveer a la población, independientemente de su condición social, económica, étnica o de género, de servicios judiciales más expeditos, más cercanos y con una mejor atención.

RIESGOS:

El mayor riesgo está en una deficiente ejecución del componente de reorganización y gestión de los servicios judiciales, tanto por su tamaño relativo en recursos de financiamiento, como por su complejidad. Para minimizar este riesgo, las unidades ejecutoras y la UCP contarán con asesoría técnica especializada.

Por otra parte, al tratarse de instituciones independientes, existe el riesgo de que la coordinación no se lleve a cabo adecuadamente. A fin de minimizar dicho riesgo, se han diseñado los mecanismos de coordinación y ejecución cuidadosamente. Además, no se contemplan cambios en las personas encargadas de la dirección de las entidades participantes durante la ejecución del Programa.

Por último, el Programa contempla modificaciones procesales, existiendo el riesgo de que se retrase su aprobación por el Organo Legislativo. Este riesgo se ve mitigado por la voluntad del Gobierno y de las autoridades judiciales para llevar a cabo los cambios propuestos. De acuerdo con la Constitución Política, los Organismos Ejecutores tienen iniciativa para proponer reformas procesales, las que generalmente no ocasionan un debate nacional que perjudique su aprobación. El Programa contempla actividades para apoyar a las instituciones judiciales en la aplicación de este mandato constitucional.

ESTRATEGIA DEL

PAIS Y DEL BANCO:

La estrategia operativa del Banco para Panamá (97-99) busca apoyar al país en ampliar los beneficios de la política social; promover el desarrollo sustentable; incentivar la participación del sector privado; y mejorar su sistema de gobernabilidad. La presente operación es consistente con esta estrategia. Adicionalmente se encuentran aprobados y en ejecución los programas de Modernización del Organo Legislativo (923/OC-PN) y de Modernización de la Gestión Fiscal (1004/OC-PN); y en etapa de identificación, el Programa de Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores (PN-0103).

Las autoridades nacionales están conscientes de que se requiere un compromiso de largo plazo para resolver la problemática de la administración de justicia en el país, habiéndole asignado una alta prioridad al Programa y acordado con el Banco que la presente operación constituya la etapa inicial del mismo.

FOCALIZACION HACIA LOS GRUPOS DE BAJOS INGRESOS:

Sin perjuicio de que el Programa concentra sus actividades en áreas geográficas con alta proporción de población de bajos ingresos, el mismo no está focalizado hacia la reducción de la pobreza.

CONDICIONES

CONTRACTUALES

ESPECIALES:

Condiciones previas al primer desembolso: (i) la constitución de las unidades ejecutoras, con su personal seleccionado y los mecanismos de manejo de los recursos del Programa, en los términos acordados previamente con el Banco (párrafo 3.16); y (ii) además, para el Subprograma A, la selección y negociación del contrato de consultoría internacional y de los términos de referencia de la asesoría técnica a la ejecución (párrafo 3.17).

Condiciones especiales de ejecución: Presentación a satisfacción del Banco de:

a. planes anuales de capacitación que contengan el detalle de los cursos, talleres, seminarios, participantes y requerimientos técnicos y materiales para su realización (párrafo 3.20);

b. al inicio del tercer año de ejecución: (i) evidencia de que el presupuesto de las instituciones judiciales aprobado, contiene una partida presupuestaria específica para la Escuela Judicial, que satisfaga los requerimientos de capacitación del OJ y la PGN (párrafo 3.21); y (ii) evidencia de que el presupuesto de la PA aprobado, contiene una partida presupuestaria específica para la sostenibilidad financiera de las actividades de capacitación (párrafo 3.21).

c. previo a la ejecución de la primera fase del plan de ampliación de cobertura de la Procuraduría de la Administración, copia de los convenios interinstitucionales suscritos entre la PA y el Ministerio de Gobierno y Justicia, para la cesión de los espacios físicos requeridos (párrafo 3.22).

d. Compromiso contractual del Prestatario en materia de financiamiento del mantenimiento de infraestructura y equipos (párrafo 3.24).

POLITICA DE

ADQUISICIONES:

Se prevé realizar licitación pública internacional cuando se utilicen recursos del financiamiento cuyos montos superen el equivalente de US$750.000 en obras y de US$250.000 en bienes y servicios. Se recomienda utilizar el muestreo ex post para revisión de las adquisiciones locales (párrafo 3.23).